La muerte del ciudadano Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, presuntamente a manos de dos uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, abrió nuevamente el debate sobre los límites de la Fuerza Pública frente a la población civil y, en especial, frente al uso de armas catalogadas como no letales, como la pistola taser, que habría producido el deceso de este sujeto en la capital del país.
El caso, que se conoció este miércoles, ocurrió en el barrio Santa Cecilia de Bogotá, cuando Ordóñez Bermúdez tuvo un encuentro con los dos uniformados a la medianoche del martes, quienes le propiciaron varias descargas con una pistola taser, que al parecer habría sido el detonante de la muerte de este hombre, que tenía dos hijos menores de 15 y 11 años de edad.
Una vez conocido el hecho, desde el Gobierno Nacional el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que la institución está dispuesta a entregar toda la información que sea necesaria para aclarar los hechos alrededor de la muerte del abogado de 45 años.
“El Ministerio de Defensa rechaza y condena cualquier acto de un miembro de la Policía que incurra en violaciones a la ley o desconocimiento de los reglamentos internos. Esta actitud corresponde a la política de cero tolerancia con la corrupción o cualquier desconocimiento o violación de las normas legales”, señaló el ministro.
Sin embargo para muchos líderes de opinión y opositores políticos del Gobierno el tema debe ir mucho más allá de los anuncios hechos por las autoridades. Argumentan que se necesita una reforma de fondo alrededor de la potestad que tienen los miembros de la Fuerza Pública para actuar en contra de los ciudadanos. Sugieren que sea más limitado el uso de herramientas como el taser, que fue la que utilizaron los dos policías involucrados en el caso.
El representante a la Cámara de la Alianza Verde, Inti Asprilla, aseguró que con el caso de Ordóñez llegó la hora de enfrentar el abuso policial en el país y que por esta razón radicará en el Congreso un proyecto de ley que permita luchar contra este flagelo. “¡A Javier Odóñez lo llenaron de taser hasta matarlo!”, añadió.
Para el analista y experto en seguridad, Jairo Libreros, pese al debate que se ha generado en la opinión pública a raíz del caso, el problema no tiene nada que ver con la regulación de la Fuerza Pública debido a que la jurisprudencia colombiana y, en particular, la convención de La Habana establece los parámetros con base en los cuales los funcionarios que hagan parte de los cuerpos de cumplimiento de la ley pueden establecer hasta donde puede llegar el uso de la fuerza o la utilización de armas de fuego, así como las herramientas consideradas no letales, como los tasers.
Según Libreros, el problema real de este caso está relacionado con el principio de proporcionalidad alrededor del uso que se les da a las armas de fuego y a las herramientas de uso no letales, como los taster, que solo pueden usarse para inmovilizar a un ciudadano que perturba la convivencia y la seguridad. “Todo lo que vaya más allá de eso es uso excesivo de la fuerza”, añade.
En este sentido, el analista indica que debería haber una mejor formación a los miembros de la Fuerza Pública en cuanto al manejo de este tipo de herramientas. Dice que también sería recomendable que se incorporarán parámetros en forma de protocolos para las actuaciones en los diferentes casos donde sea necesaria su intervención.
Por su parte, Ana Margarita González, coordinadora de la línea de acceso a la justicia y política criminal de la Ilex Acción Jurídica, señala que los reglamentos internos que tiene la Policía no son suficientemente detallados ni exhaustivos sobre los límites del uso de la fuerza. Agrega que el problema radica en que la regulación es demasiado amplia, lo que deriva en un vacío legal que facilita la arbitrariedad.
“Al no haber una regulación detallada y específica sobre el uso excesivo de la fuerza, sobre el uso de ciertas armas no convencionales, se genera un caldo de cultivo para que se presenten situaciones de abuso de discrecionalidad. Por otro lado hay falta de mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de sanciones a la Policía”, apunta González.
De acuerdo a la experta, las investigaciones internas que ellos realizan, en su mayoría, terminan archivadas, lo mismo que los procesos penales. Por esta razón, agrega, sería conveniente mejorar los procesos de investigación, en especial, para que sean más ágiles y generen sanciones ejemplarizantes.
De igual forma, González dice que las actuaciones de la Policía deben regirse por esos estándares del uso de la fuerza en el marco de los derechos humanos, pero en el accionar de la Policía no se cumple con estos parámetros porque hay muchas situaciones de abuso y de uso excesivo de la fuerza, que se han profundizado en el contexto del Covid-19 donde hay mayores restricciones a la movilidad y a la circulación. “Pierden la materia de derechos humanos”, indica.
Jairo Libreros en contraposición a Ana Margarita González, asegura que en términos de derechos humanos la Policía Nacional ha hecho un trabajo muy destacado durante la última década porque no solamente ha incorporado parámetros de respeto sino, especialmente, procedimientos que son respetuosos de la vida y la integridad de los ciudadanos.
No obstante, para el caso de las Fueras Militares, señaló que los avances no son tan importantes y que hay todavía deficiencia en materia de derechos humanos y en derecho internacional humanitario.
“La Policía más prestigiosa a nivel internacional es la colombiana. Es el servicio de policía que ha resultado mejor evaluado en los últimos cinco años, entre otros tópicos, por su compromiso con los derechos humanos. Que sea esa evaluación tan exitosa no significa que la Policía sea ajena a la comisión de delitos y deje de asumir responsabilidades por actuaciones individuales de los uniformados”, aclara Libreros.
En este sentido, González es enfática en que para evitar que este tipo de situaciones continúen ocurriendo se necesita regulaciones internas más estrictas sobre el uso de la fuerza, el uso de armas y mayor transparencia en la rendición de cuentas internas para evitar la impunidad como el aliciente del abuso.
¿En qué va el caso?
La Procuraduría General de la Nación asumió la indagatoria alrededor de la muerte del abogado Javier Ordóñez Bermúdez para determinar la ocurrencia de la conducta, si se encuentra prevista como falta disciplinaria, los posibles autores de la misma y si se actuó bajo el amparo de una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo rechazó el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de la Policía.
“La Defensoría rechaza que se presenten acciones en las que predomine el uso excesivo de la fuerza. Por tal razón, solicitamos a la Policía esclarecer hechos ocurridos en Bogotá. La Defensoría verifica cualquier situación que pueda violar los derechos humanos”, señaló la entidad.
Tomado de El País de Cali
