Bogotá, 11 septiembre.– La presión nacional e internacional para depurar responsabilidades en el caso de Javier Ordóñez, víctima de la violencia policial en Bogotá, y por los otros 13 fallecidos en las protestas callejeras empieza a surtir efecto en Colombia donde las autoridades dieron hoy los primeros pasos en ese sentido.
«La Policía Nacional lamenta infinitamente la muerte del señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez», dijo el director encargado de la institución, general Gustavo Moreno, al pedir perdón, horas después del anuncio de las primeras medidas internas contra los implicados.
La indignación que causaron en el país las imágenes de dos policías que mediante el uso desmedido de la fuerza y de una pistola eléctrica táser intentaban arrestar el miércoles a Ordóñez, de 46 años, quien falleció poco después en un hospital, han puesto en debate los métodos de los uniformados, sospechosos también de las muertes durante las protestas.
Después de dos días de desórdenes y ataques contra 60 instalaciones policiales que costaron la vida a diez personas en Bogotá y a tres en la vecina localidad de Soacha, que todo indica no participaban en las protestas, el Gobierno, que había cerrado filas en torno a la fuerza pública, hizo unas variaciones en su postura.
SUSPENSIÓN DE IMPLICADOS
La primera medida fue la suspensión de los dos policías que aparecen en el video del escándalo estrujando a Ordóñez, así como de otros cinco agentes que, según el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tienen algún vínculo con el caso.
«Se ha notificado la suspensión para proceder a apartarlos de la institución con el objeto de que no se manipulen las pruebas y no se obstaculice la investigación», dijo Trujillo a la prensa sobre los dos principales implicados.
El ministro añadió que «para efectos de continuar con celeridad en las investigaciones se ha dictado auto de citación a audiencia por el presunto delito de abuso de autoridad y de homicidio».
Igualmente se decidió «suspender a cinco policías más para someterlos al proceso de investigación», pero no se dieron detalles sobre su posible participación en los hechos.
PEDIDO DE PERDÓN
Tan importante como las medidas adoptadas fue la inusual petición de perdón por parte de la jefatura de la Policía «por esas acciones que en este momento son objeto de investigación pero que de acuerdo con lo que se viene manejando, a lo que todos vimos en el video, se constituye en un actuar que no es propio de los policías de Colombia».
«Por eso hoy le pedimos, como director encargado, perdón a su familia, perdón a sus amigos, perdón a todos los ciudadanos, perdón a todos los colombianos, porque sabemos que este tipo de situaciones lesionan gravemente esa fe que deben tener los ciudadanos en su Policía», agregó el general Moreno.
Estas reacciones se producen después de que la Procuraduría General (Ministerio Público) pidiera al ministro de Defensa información sobre las medidas tomadas en el caso.
Esta petición tiene como propósito saber cuáles fueron las instrucciones dadas por los mandos policiales para el manejo y control de los disturbios, y qué acciones se han adoptado «frente a los uniformados que a la fecha se tienen identificados como participantes o presuntos responsables de las agresiones y lesiones causadas a la población civil».
CRÍTICAS DE LA ALCALDESA
También la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, recriminó hoy a la Policía, no solo por la muerte de Ordóñez sino por la de diez personas que fallecieron el miércoles después de ser heridas a bala durante las protestas en la ciudad y en Soacha, a las cuales hay que sumar tres decesos de anoche.
«Asesinaron a Javier Ordóñez y dispararon indiscriminadamente a ciudadanos», escribió la alcaldesa en su cuenta de Twitter en la que señaló que el 9 de septiembre hubo en Bogotá 68 heridos y siete «por armas de fuego» y ayer, ocho heridos.
López, que se reunió esta tarde con el presidente colombiano, Iván Duque, para tratar la situación, afirmó que los policías «desobedecieron instrucciones expresas y públicas de la Alcaldía» y se preguntó «¿Entonces a quién obedecen? Urge justicia, acción y reforma».
Ante esos cuestionamientos, el general Moreno afirmó hoy en una rueda de prensa: «Nosotros no ordenamos dispararle absolutamente a nadie» y subrayó que lo sucedido en los últimos días no hace parte de la política de la institución porque, según dijo, «por el contrario, nuestra política es proteger la vida e integridad de los ciudadanos».
PRESIÓN INTERNACIONAL
A las presiones internas se suman las internacionales, como la del alto representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Josep Borrell, quien pidió este viernes que se investigue la violencia policial en el país.
«Todo uso excesivo de violencia por parte de quienes son responsables de proteger a los ciudadanos debe ser rápida y profundamente investigado», dijo Borrell en un comunicado en el que además instó a que los autores de actos violentos respondan ante la justicia y se tomen «medidas institucionales para evitar que esto se repita».
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó ayer los casos de brutalidad y abuso policial en Colombia y señaló que «el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado debe seguir los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, poniendo en el centro la protección de los derechos de todas las personas».
El «uso excesivo de la fuerza» policial también fue objeto de un comunicado de Amnistía Internacional, que además lamentó los «actos de tortura» contra Ordóñez.
«Exigimos el cese inmediato del uso excesivo de la fuerza pública en contra de las personas manifestantes que piden justicia por la muerte del abogado Javier Ordóñez», afirmó en un comunicado la directora de AI para las Américas, Érika Guevara Rosas.
El organismo exhortó a las autoridades «a mandar un mensaje contundente de repudio y realizar investigaciones prontas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía colombiana».
EFE
