Los más recientes casos de abuso policial conocidos en diferentes partes del país, pero en especial en Bogotá, han abierto interrogantes sobre el actuar de los miembros de la institución y sobre la posibilidad de reformarla.
En entrevista con Colprensa, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, salió al paso a las críticas sobre los supuestos problemas de mando en la Policía, respondió a las propuestas de reforma y aseguró que no se debe estigmatizar a más de 160 mil uniformados, por la actuación de algunos que hayan podido desconocer los protocolos.
Con 13 muertos en Bogotá y Soacha y evidencias de que hubo policías que dispararon armas de fuego, ¿cree que es válido seguir hablando de que los abusos en la policía son casos aislados?
Las circunstancias y responsabilidades en cada uno de los casos a los que se hace referencia las deben establecer la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República. Cualquier atribución previa de autorías es apresurada e irresponsable.
La Policía Nacional ha iniciado las investigaciones internas correspondientes para determinar si hubo alguna violación a los protocolos o a la Ley por parte de personal de la Institución durante los hechos del 9 al 12 de septiembre.
Y en el caso de Javier Ordóñez, hemos pedido perdón por cualquier violación a la Ley o desconocimiento de los reglamentos internos en los que incurrieron los policías involucrados y hemos prestado nuestra completa colaboración con las autoridades.
Dicho esto, también es de una gran injusticia descalificar a los 160 mil hombres y mujeres de la Policía colombiana por las actuaciones de unos cuantos por fuera de los protocolos, reglamentos y normas establecidas.
La inmensa mayoría de nuestros policías actúan en el marco de estas normas y trabajan día a día, incluso arriesgando o sacrificando su vida, por la seguridad y tranquilidad de los colombianos.
¿No es claro que hay problemas estructurales en la Policía?
La Policía colombiana es de las policías más profesionales y especializadas de la región, un ejemplo para las demás policías y por eso es constantemente invitada a participar en actividades de cooperación con otros países. Por supuesto, como cualquier institución de esta naturaleza, siempre puede fortalecerse aún más en beneficio de los ciudadanos.
En ese sentido, el presidente Iván Duque expidió en diciembre del año pasado la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que establece lineamientos para fortalecer a la Policía Nacional, su eficacia en la lucha contra las organizaciones criminales y delincuenciales y acercarla aún más al ciudadano.
Estos lineamientos incluyen el cambio en el modelo de vigilancia de cuadrantes rígidos a flexibles, que permitan planear el servicio de vigilancia de acuerdo a las dinámicas del delito, profesionalizar el servicio de vigilancia, para que sea una de las especialidades más importantes de la institución, incorporar más pie de fuerza, entre muchas otras acciones que, por cierto, ya se están implementando gracias al trabajo coordinado con Alcaldes y Gobernadores.
¿Por qué hay policías que usan armas de fuego en protestas si está prohibido?
La Policía Nacional cuenta con protocolos muy específicos y estrictos para el acompañamiento de manifestaciones, que tiene como objetivo garantizar la seguridad de quienes se movilizan y de los demás ciudadanos. En los casos donde se presentan hechos de vandalismo o disturbios interviene el Escuadrón Móvil Antidisturbios, unidad equipada de acuerdo con los reglamentos internacionales para garantizar los derechos de los manifestantes y de quienes no participan en las movilizaciones.
Lo hemos dicho en varias ocasiones: el Gobierno Nacional es respetuoso y garante de las manifestaciones pacíficas, pero lo que ocurrió la semana pasada, los hechos de violencia y vandalismo, se alejaron de la indignación comprensible por lo ocurrido con Javier Ordóñez. Estos hechos, en realidad, fueron un ataque coordinado, sistemático, planeado, premeditado y doloso contra la Policía Nacional, que causó 315 uniformados heridos y 95 instalaciones policiales afectadas.
Los policías atacados por las turbas con piedras, artefactos explosivos e incendiarios improvisados y hasta con armas de fuego no eran policías que estuvieran acompañando una manifestación pacífica. Eran policías de vigilancia que se encontraban en sus CAI, en sus estaciones o en sus comandos de Policía, ejerciendo su función de vigilancia y seguridad ciudadana.
Por eso esperamos que las autoridades competentes determinen pronto si los uniformados que accionaron sus armas lo hicieron de acuerdo con los protocolos, que indican en qué circunstancias pueden hacerlo, o si hubo en algún caso actuaciones por fuera de las normas.
¿Hay problemas de mando en la institución?
No. La Policía Nacional es una institución con una estructura sólida y sus integrantes tienen muy claro el mando de la misma, tanto a nivel interno como de acuerdo con lo consagrado en la Constitución Política colombiana sobre los alcaldes y gobernadores.
¿Qué planea hacer el Gobierno para evitar que se repita una situación como la de noviembre y diciembre del año pasado, en materia de protestas?
El Gobierno Nacional respeta y garantiza la protesta pacífica y, de darse nuevas movilizaciones, la Policía Nacional realizará el acompañamiento debido a las mismas para garantizar la seguridad de quienes participan.
En cuanto a los actos de violencia y vandalismo, muchos de los cuales se tiene conocimiento que obedecen a la acción criminal de grupos armados organizados, la Fuerza Pública trabaja de forma coordinada con la Fiscalía General de la Nación para individualizar, identificar, capturar y judicializar a esas personas que buscan infiltrar y desestabilizar la protesta legítima, con el objetivo de causar caos y destrucción.
Muchos expertos afirman que los miembros de la Policía, por ser un cuerpo de naturaleza civil, deben ser juzgados por la justicia ordinaria y no por la penal militar ¿Aceptaría el Gobierno que se haga una reforma en ese sentido?
Esa reforma no es necesaria por una sencilla razón: los presuntos delitos que no estén relacionados con su servicio son juzgados por la justicia ordinaria y un claro ejemplo de esto es el caso de los dos policías vinculados con la muerte de Javier Ordóñez, el cual fue remitido por la Justicia Penal Militar a la Fiscalía General de la Nación, al considerar que no se trataba de un acto del servicio.
Tomado de La Opinión
