por Héctor Abad Faciolince
Es posible que en Medellín la gente esté más enterada de lo que ha sido la empresa más grande de Antioquia, Empresas Públicas de Medellín (EPM), y conozca más o menos bien lo ocurrido en su proyecto más ambicioso de la historia, Hidroituango. Sin embargo, es conveniente hacer, especialmente para los lectores de otras partes del país, un resumen de la importancia de EPM y de la crisis ocurrida durante la construcción de la hidroeléctrica en el río Cauca, la que iba a ser la más grande del país, y puede llegar a serlo todavía. No voy a discutir aquí si conviene o no conviene construir hidroeléctricas; estas existen incluso en otro río más grande de Colombia, el Magdalena. Y al menos hasta ahora -sin desconocer los efectos negativos sobre el ambiente que tiene toda gran obra de ingeniería- la hidráulica es una de las energías que aún se consideran limpias en el ámbito internacional.
Empiezo por lo más simple: EPM es la empresa de servicios públicos más grande de Colombia y una de las más prestigiosas y grandes de Hispanoamérica. Al ser una empresa pública, siempre ha habido cierto tipo de políticos deseosos de que se convierta en una empresa también política, es decir, en un botín de puestos y recursos para su grupo o su clientela partidista. Eso no han podido lograrlo porque desde que nació EPM, fundada en 1955, esta se conformó como una alianza entre una entidad pública y muchos empresarios privados antioqueños. No solamente el GEA (un conglomerado informal nacido muchos años después de EPM), pues EPM ha contado con un apoyo empresarial y ciudadano (ha sido una empresa muy popular) mucho más amplio.
Es decir, no es de Bancolombia, Argos, Suramericana, Nutresa (empresas claves del llamado Sindicato Antioqueño), sino que en ella han influido (creo que para bien) muchos empresarios de la región, grandes y medianos, que no dependen de la telaraña accionaria del GEA. A cambio de que les permitan supervisar a esta empresa, de modo que se maneje técnicamente y no sea botín político de nadie, los privados se han comprometido a defender lo público, es decir, a no presionar para que este bien ciudadano sea privatizado, como ha ocurrido en tantas otras entidades públicas del país y del mundo.
El pacto tácito, y que había funcionado bien hasta ahora, era este: ustedes, políticos, no hacen política con EPM, y nosotros le ayudamos a EPM a que sea una empresa moderna, eficiente, que además genere recursos para la ciudad y crezca con el tiempo. ¿Con beneficios para estos empresarios? Es posible que en algunos sí, pero no directos. Obviamente si hacen una represa, y si esa represa necesita mucho cemento y concreto, este se lo piden más fácilmente a Argos que a una empresa mexicana o china. Pero no por las relaciones empresariales, sino porque al ser una empresa local (y considerando que lo que más vale del cemento es llevarlo al sitio, transportarlo), el cemento de Argos sale más barato. Es una simbiosis: hay intereses que salen favorecidos de parte y parte, pero no por corrupción, sino por apoyo a lo local. Obviamente si EPM hace una represa en Chile, no le compra el cemento a Argos. Y si un empresario privado se entera de que se puede comprar con provecho una empresa en Perú o en Guatemala, lo informa a EPM, sin que para esto medien comisiones.
Desde los tiempos de Luis Pérez los políticos puros, como él, han querido apoderarse de EPM, alejar de su administración el ojo celoso y vigilante de los privados (por tradición integrantes de la junta directiva). También lo intentó Luis Alfredo Ramos. ¿Qué querían? Bueno, por ejemplo que Hidroituango no la construyera EPM, sino un grupo chino. Porque en EPM no ha habido comisiones ni coimas, es una empresa llena de estrictos controles internos, muy seria. Ha sido una empresa sana y, hasta donde se sabe, los contratos inmensos que ha hecho los ha firmado siempre con transparencia.
Es una empresa pública tan sana que cada año, desde hace decenios, entrega billones de pesos al presupuesto de Medellín, que los destina a cultura, infraestructura, educación y servicios, según las prioridades del alcalde de turno. Ninguna empresa pública colombiana le ha entregado tantos recursos a una ciudad o a una región como EPM. Y también a los ciudadanos: EPM ha electrificado hasta el último rincón rural de Antioquia, sin medir el costo/beneficio como lo haría un privado.
Esto funcionó bastante bien hasta la crisis de Hidroituango. ¿Y qué pasó en Hidroituango? Bueno, ahí hubo tal vez un exceso de confianza, y hubo errores, pero no creo que mala fe y tampoco creo -hasta que no me demuestren lo contrario- que haya habido corrupción. Ha habido, sin duda, otros proyectos de EPM con problemas técnicos o con sobrecostos, con pérdidas imprevistas (por ejemplo, en Panamá), pero el balance general de EPM ha sido siempre positivo, y su crecimiento constante. También en la empresa privada ocurren contingencias que llevan a pérdidas y a ganancias mayores o menores, pero lo que debe analizarse siempre es la salud a largo plazo de la empresa, y no suponer siempre que cuando algo no sale como estaba previsto, esto se debe a corrupción, dolo, mala fe o manejo indebido de los recursos. El mundo no es perfecto, y mucho menos la administración de las empresas públicas de servicios, que en casi toda Colombia han quebrado al caer en manos de politiqueros.
Lo que pasó en Hidroituango es que un subcontratista hispanocolombiano (el Consorcio Ferrovial-Sainc) fue encargado por EPM de hacer dos túneles de desviación del río para poder construir la presa del Cauca de Ituango. Esos dos túneles, según el diseño original, debían tener compuertas, pero este consorcio no cumplió con los cronogramas. No entregaron a tiempo los túneles con las compuertas. Aquí es muy importante entender y aclarar algo: la constructora de Hidroituango es EPM, es decir, los dueños de Hidroituango contratan a EPM para que construya la presa, la casa de máquinas, toda la hidroeléctrica. Y EPM a su vez subcontrata a varias empresas para que diseñen, construyan y hagan la interventoría del proyecto. Los dueños del proyecto son: IDEA, EPM, Gobernación de Antioquia y accionistas minoritarios. La mayoría de las acciones son de la Gobernación de Antioquia a través del IDEA, Instituto de Desarrollo de Antioquia.
En EPM se dan cuenta de que con ese atraso de los dos túneles de desviación no van a poder completar el proyecto a tiempo. Y si no empiezan a generar energía en noviembre 2018, EPM tendrá una multa multimillonaria por incumplir. Decide entonces EPM no construir las compuertas de los dos túneles de desviación, sino construir un tercer túnel, o galería auxiliar de desviación (GAD), con su respectiva compuerta, que no estaba contemplado en el diseño inicial. Y taponar (no con compuertas, sino con un tapón de concreto) los dos túneles de desviación originales por donde había corrido el río durante más de cuatro años.
Esto se decide porque si se esperaba a la construcción de dos compuertas se demoraban ocho meses más. La construcción de la presa se hace durante todo el año, pero el desvío del río por un solo túnel se hace solo en período de verano, cuando los caudales son más bajos. Hay una ataguía que desvía el río por esos dos túneles. La construcción de estas compuertas, más la espera del verano, darían un retraso de un año. Dejan esos dos túneles funcionando sin compuertas mientras se construye la presa. El agua sale por esos dos túneles durante casi todo el tiempo de la construcción de la presa. Mientras el río fluye por ahí, se va excavando la galería auxiliar (GAD) de modo que más adelante se empiece a desviar por allí el río, por medio de otra ataguía, 200 metros aguas arriba.
El diseño de la GAD lo hace la empresa Integral (que es propiedad de sus empleados, no del GEA, como se ha dicho), y es aprobado por EPM. Cuando la presa esté lista, se cerrará la compuerta para llenar la represa y empezar a generar energía. Al desviar el río por ahí, se podían taponar los dos túneles iniciales. Luego se cerraba la galería tres y se llenaba el embalse. El embalse se llena solo en el momento en que la presa esté terminada, así como el vertedero.
El río empieza a fluir bien por la galería 3, la presa está casi lista, y (aquí es posible que EPM haya cometido un error o una imprudencia) se toma la decisión de taponar los dos túneles auxiliares. El plan es que quede un solo túnel (el 3 o GAD) que operará solo durante 6 u 8 meses, luego será cerrado con la compuerta, y todo saldrá bien y a tiempo. Como el tercer túnel será solo por 6 u 8 meses, deciden (EPM, los diseñadores, un grupo o board, de expertos contratados para tal efecto, y la junta lo aprueba) que esa galería se construya con los mismos criterios técnicos que los dos túneles originales, pero sin blindaje en el piso. ¿Por qué? Porque los dos originales aguantaron bien más de cuatro años. Entonces uno con las mismas especificaciones, se calcula, aguantará bien 6 u 8 meses. Con criterios técnicos, y no con el objetivo de ahorrarse una plata muy pequeña comparada con la inversión total del proyecto.
Que no se haya blindado el piso es una de las posibles causas del colapso, según el documento de las reaseguradoras revelado recientemente por el alcalde Quintero, pero esa omisión no impedía el pago del seguro, por ser un seguro “a todo riesgo”. Solo impediría el pago del seguro si se acusa de dolo o de culpa grave a los diseñadores o a los constructores. En caso de dolo o culpa grave, las aseguradoras no pagan. EPM (no los constructores, según entiendo, pues estos cuanto más construyen más cobran), quizá por no gastar demasiado en la construcción, y también por ahorrar tiempo, deciden hacer esto. Puede haber sido un acto imprudente, incluso temerario no haber blindado el piso de la GAD, pero no veo corrupción tampoco ahí. Exceso de confianza, sí mucho. Es fácil, cuando algo falla, decir que salió mal. Si salía bien, hoy estarían todos celebrando la maravilla de la hidroeléctrica.
Volviendo a la cronología: pusieron dos pretapones en el túnel 1 y en el túnel 2. Se empieza a taponar completamente el 1. Cuando ocurre el colapso de la galería 3, la presión del agua embalsada hizo saltar el pretapón de la galería 2. Eso ocasionó la creciente en Puerto Valdivia con graves consecuencias para la población y el desplazamiento de miles de personas. Este túnel 2 se volvió a taponar solo, porque había mucha presión. El túnel 2 (único en ese momento) no estaba diseñado para el nivel de presión que ejercía un río crecido y embalsado. Este colapsó solo. Ahí hubo, repito, un exceso de confianza; se pudo haber esperado hasta que la presa estuviera casi lista, o al menos el vertedero, para hacer esos dos tapones. Es posible que en ese momento en EPM hayan corrido más riesgos de lo aconsejable. Fue un error, visto desde ahora, pero estas cosas son más fáciles de decir a posteriori que cuando hay que tomar las decisiones en caliente.
Vuelvo atrás: hay lluvias torrenciales en abril del año 18 en toda la cuenca del Cauca. La GAD, o tercer túnel, que iba bien con los flujos normales, empieza a operar con flujos libres y a presión alternativamente, la montaña se somete a presiones excesivas. Colapsa el único túnel de desviación del río Cauca. El embalse empieza a subir, a la presa le falta solo un 5 %, pero no está sellada por encima. El vertedero tampoco está todavía listo. El tapón provisional del túnel 2 cede, corre peligro la población aguas abajo, hay inundaciones en Puerto Valdivia. El túnel 2 no aguanta, como ya se dijo, y se tapona también, espontáneamente. El embalse empieza a subir de nuevo.
Si dejan que el río suba hasta el nivel superior de la presa, la erosiona, la corroe y puede hacerla colapsar. Eso produciría decenas de miles de muertos y damnificados aguas abajo. Es una crisis enorme, hay que tomar decisiones graves en muy pocos días, a veces en horas. Entonces no les queda más remedio, para que no haya una tragedia aguas abajo, y para salvaguardar la presa, que inundar el cuarto de máquinas aún sin concluir. Perderlo todo, incluyendo turbinas y demás equipo ya instalado. ¿Quiénes toman esta decisión? La tiene que tomar EPM, que es la responsable del proyecto. Los campesinos y habitantes aguas abajo tienen que ser desalojados por los riesgos que hay. Las pérdidas materiales son multimillonarias, pero no se pierde ni una sola vida.
Son estas pérdidas enormes las que el alcalde actual está cobrando a quienes administraban EPM en su momento: a los alcaldes, gerentes y juntas que accedieron a variar el proyecto original (tres túneles en vez de dos), al alcalde y al gerente que tuvieron que inundar el cuarto de máquinas, e incluso a los alcaldes y gerentes que un día, hace medio siglo, resolvieron hacer una hidroeléctrica (que hoy muchos ven como un pecado mortal o un atentado contra un río sagrado).
Y, según el alcalde actual, hay que cobrarles a los subcontratistas esas pérdidas y ese error. Esto es lo más complejo. ¿Este es un cobro económico, en defensa de EPM y de la ciudadanía, como declara Quintero, o más bien un cobro político? Porque, ¿a quién se lo están cobrando? Supuestamente a los constructores, sí. Pero los constructores no deciden solos; los constructores realizan lo que los diseñadores y lo que EPM les dijo que debían hacer, pues EPM es quien responde por la construcción, la que aprueba los planos y diseños, la que recibe a satisfacción los avances de obra. Nada se hizo a espaldas de EPM porque, repito, la constructora de Hidroituango es EPM. Todo lo que hicieron los diseñadores y constructores subcontratados por EPM (Integral, Camargo Correas y Conconcreto, empresas que, de nuevo, no son del GEA, pues la primera es de los empleados, la segunda es brasileña y la tercera es de capital mixto de la familia Aristizábal y del grupo francés Vinci), fue aprobado en actas por las mismas EPM.
Al demandar a los constructores, EPM, indirectamente, se demanda a sí misma, pues si condenan (dentro de 10 o 15 años) a los constructores, los dueños de Hidroituango (la Gobernación, como ya se dijo, tiene la mayoría) demandarán a EPM, es decir, si EPM gana la demanda a los constructores, pierde la demanda con los dueños y tiene que responder a los dueños, o sea a la Gobernación de Antioquia. De esas hipótesis y contrahipótesis se nutre la famosa “matriz de riesgos”: ¿Es mejor demandar o no demandar?
Como el caso no es fácil, eso es lo que una junta directiva debe decidir con extremo cuidado, con asesoría jurídica, no para proteger a sus socios y amigos, como insinúan el alcalde y sus aliados políticos, sino para salvaguardar los intereses de EPM. Y fue lo que el alcalde no quiso discutir con la junta, saltándosela olímpicamente. Lo que sostienen algunos es que, como EPM tiene una póliza con Mapfre “a todo riesgo”, es decir, que incluye errores de diseño, de construcción y de la naturaleza, puede reclamar lo perdido sin grave detrimento patrimonial, salvo el deducible. Mientras que si demanda y gana, en parte se está demandando a sí misma, pues los constructores o diseñadores nunca le van a reconocer lo que la aseguradora le reconocería. Entre otras cosas porque los constructores subcontratados no decidieron solos, sino con la aprobación de EPM, por lo cual el pleito no está, ni mucho menos, ganado. Es un pleito muy difícil, técnico, y que se decide a muy largo plazo, salvo que haya conciliación.
Para hacer un símil: es como si yo me choco en un carro en parte mío y en parte ajeno con un tipo que me cae muy mal. A mi carro le declaran pérdida total. No se sabe si la culpa es del tipo o no, pero el tipo (y yo mismo) tenemos un seguro muy bueno, y el seguro está dispuesto a pagarme la pérdida total del carro que yo manejaba. Pero como el otro conductor me cae tan mal, yo decido que, más que recibirle la plata al seguro, lo que más quiero es demandar al otro chofer, y esperar a ver qué deciden los jueces. Eso es lo raro. Da la impresión de que es una decisión más dictada por la animadversión y la pasión política que por la razón o el interés en salvaguardar la empresa.
Un último asunto: EPM podría haber demandado a los subcontratistas constructores hasta dos años después de entregada toda la obra, así que la prisa para demandarlos no es justificable. Y algo más, si EPM gana la demanda a los subcontratistas (diseñadores y constructores subcontratados), entonces EPM se hace responsable del desastre ante el dueño mayoritario (la Gobernación). ¿Cómo pagarle a la Gobernación? Lo más fácil será pagarle con lo que tiene EPM, el 45 % de la propiedad de Hidroituango. Y entonces los políticos de la Gobernación podrán encargarle a otra empresa la puesta en marcha y operación de la hidroeléctrica durante 50 años. ¿A quiénes? Por ejemplo, a los chinos.
Las entradas por la operación de una hidroeléctrica tan grande son de unos tres billones de pesos anuales. Al multiplicar esto por 50 se da uno cuenta de que en ese contrato sí habría un gran negocio para los políticos que están acostumbrados a decir: “¿Y nosotros cómo vamos ahí?”, o sea, a pedir algo que nunca en su larga existencia ha pedido EPM. Al menos hasta donde yo sé y hasta donde se sabe. EPM, hasta el 31 de diciembre del año 2019, no había sido corrupta, era una empresa pública ejemplar, no perfecta, pero sí excelente, y así lo seguiré creyendo hasta que haya argumentos o documentos que me demuestren lo contrario.
Tomado de El Espectador
