Este miércoles 30 de septiembre, durante la rendición de cuentas de la Comisión de la Verdad del primer semestre de 2020, el comisionado Alejandro Valencia expuso una situación preocupante: a 14 meses de terminar su mandato, y a solo seis de culminar la recepción de información, a la Comisión de la Verdad se le ha negado el acceso de información pública y reservada a la que legalmente puede y debe acceder. Instituciones del Estado han negado sus solicitudes, las han dilatado o han entregado información que no corresponde a la solicitada.
“La Comisión de la verdad tiene un régimen especial, excepcional y transitorio otorgado para acceder a información pública y reservada, incluidos documentos de inteligencia y contrainteligencia, sin que se le pueda poner reserva alguna, especialmente, a la información que puede reposar en archivos institucionales sobre todo cuando se trata de insumos relacionados con violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario”, dijo Valencia al iniciar su intervención, en la señaló seis barreras para el acceso a la información.
Atendiendo a su mandato de contar qué y el por qué del conflicto armado, la Comisión ha solicitado información pública y reservada usando diferentes canales, como convenios con el Centro Nacional de Memoria Histórica y con el Ministerio de Defensa; radicación de solicitudes de información al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Justicia, Contraloría, entre otros; presentando solicitudes de desclasificación de archivos internacionales, y promoviendo espacios para entrega de información. Sin embargo, se han enfrentado a respuestas elusivas, dilación e incluso afirmación de inexistencia de información por destrucción de archivos de derechos humanos.
El comisionado expuso seis barreras para el acceso a la información e hizo un llamado «a las diferentes entidades a las que estamos solicitando información que permitan un acceso oportuno, real y efectivo a los documentos pedidos”, para así continuar con su labor.
El primer obstáculo que han enfrentado es la oposición ilegal de reserva por parte de los organismos que custodian información reservada. Valencia afirmó que se les ha dicho que «los inventarios o el índice de información pública y reservada no puede ser entregada a la Comisión hasta que se suscriba un instrumento jurídico, contrariando lo que ordena la Corte Constitucional conforme al Decreto Ley 588 de 2017 y la Ley de Transparencia y acceso a información”. Luego, en segundo lugar, también ha habido falta de congruencia entre la información solicitada y la información finalmente entregada.
En tercer lugar, después de vencidos los plazos legales para responder a las solicitudes, se le informa a la Comisión que debe dirigirse a otra autoridad a solicitar la información requerida o que se ha dado traslado a otra dependencia de la misma institución para que responda. “Incluso, que a juicio del funcionario que responde, no resulta conveniente brindar la información”, agregó.
También ha habido demoras en la entrega debido a la falta de organización e identificación de archivos y documentos, “sobre todo relacionados con derechos humanos y derecho internacional humanitario, aunque el Archivo General de la Nación reglamentó y priorizó (Acuerdo 004 de 2015) la adecuada custodia de esta información”.
En quinto lugar, una cuestión preocupante, manifestó el comisionado, instituciones han afirmado que la información no existe debido a la destrucción e incineración de archivos de derechos humanos: “De manera puntual, entidades del Estado con obligaciones de protección de los derechos de los ciudadanos ha manifestado verbalmente y por escrito que determinados archivos que dan cuenta de violaciones de derechos humanos han sido destruidos por órdenes y directivas, como una práctica institucionalizada o que fueron destruidos con ocasión de hechos del conflicto armado interno”.
Finalmente, Valencia se refirió a que se retrasa la entrega de la información argumentando que se carece de copias digitales, de herramientas de consultas o de inventarios documentales. “Se encuentra gran deficiencia en el hallazgo de inventarios documentales o estructurados que no hace posible reconocer con precisión la información pertinente a obtener”.
Una “inteligencia” que se depura a sí misma
El reclamo de la Comisión de la Verdad no es nuevo. A comienzos de la pandemia, cuando estalló el escándalo de seguimiento ilegales por parte de miembros de inteligencia del Ejército a líderes de oposición, periodistas, defensores de derechos humanos, entre otros, el padre Francisco De Roux, presidente de la Comisión, aseguró que aún no tenía en sus manos los papeles para la construcción del informe final.
La excusa de las entidades gubernamentales fue que estaban clasificando esos archivos. Este diario indagó en quién y cómo está haciendo esa depuración y la respuesta no fue alentadora. La tarea quedó establecida en la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia de 2013, y con ella se esperaba mejorar las prácticas de estos organismos cuestionados en varias ocasiones. En un principio, se esperaba que esto contara con la supervisión de organizaciones sociales y la Procuraduría, pero en el decreto presidencial, firmado por Juan Manuel Santos, no se estipuló.
Luego se acordaron modificaciones entre la sociedad civil y la presidencia, sin embargó, llegó el gobierno de Iván Duque y se rechazó la idea de que las organizaciones participaran en esta depuración de archivos, donde habría graves violaciones de derechos humanos.
«A todas luces, este decreto va en contra de los derechos de las víctimas, porque es claro que no pueden acceder a la verdad sobre lo ocurrido. No poder acceder, encontrarlos con claridad (los archivos) ni saber dónde están organizados o si fueron eliminados genera una incertidumbre absoluta sobre la posibilidad de esclarecer crímenes. Solo basta con poner un ejemplo: los casos de desaparición forzada, que ocurrieron con actuaciones del DAS, podrían estar soportados en esos documentos”, explicó a este diario Juan Carlos Ospina, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), organización que solicitó la nulidad del decreto ante el Consejo de Estado.
Otra fuente pintó un panorama más preocupante: «Tengo miedo de saber qué están haciendo. Allá puede estar pasando de todo. Pueden tener prendida la máquina para picar papel y qué. Nadie sabe cómo va el proceso ni cómo son los mecanismos de control, solo ellos”.
Lo cierto es que, hasta ahora, aparte de los miembros del consejo directivo, nadie conoce los avances de la depuración y hoy, a un año de terminar su mandato, la Comisión de la Verdad no tiene en sus manos los archivos.
Tomado de El Espectador
