Establecer un nuevo protocolo que regule las marchas es un tema que aparece de forma recurrente en la agenda pública, en especial, luego de episodios como los del 9 de septiembre, en los que se mezclaron actos vandalismo y abuso policial. La diferencia es que esta vez no se trata de un proyecto en el Congreso, ni una iniciativa gubernamental sino un auto del Tribunal de Cundinamarca, que obligó al Gobierno Nacional y al Distrito a entregar un protocolo para garantizar la realización de las marchas, y un fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema, que les conmina a crear un estatuto del uso de la fuerza en las protestas.
Aunque ayer se vencía el plazo que dio el Tribunal para entregar el informe, las partes pidieron 60 días más para armonizar las solicitudes de ambas autoridades judiciales y, de paso, esperar la respuesta a una solicitud de aclaración que presentaron, ya que hay aspectos del auto que se presta para diferentes interpretaciones. No obstante, las razones parecen ir más allá. Al igual que otros temas que han enfrentado a la Nación y al Distrito, la visiones sobre cómo regular las marchas han estado divididas.
Por ejemplo, mientras el Gobierno de Iván Duque incluyó en su primer borrador la necesidad de que los organizadores de las marchas contraten pólizas de responsabilidad civil extracontractual (que cubran los daños) y se prohiba el porte de pinturas, capuchas u otros elementos que impidan la identificación, para la alcaldía de Bogotá es importante revisar y actualizar el protocolo de actuación, las armas que se usan y la formación de la Policía, así como establecer una mesa en la que se velen por lo derechos de la protesta.
La controversia ha girado en torno a las propuestas del Gobierno Nacional, que para la oposición condicionan e imposibilitan las manifestaciones sociales. Por su parte, el Distrito considera arbitrarios algunos puntos, como impedir el uso de elementos que cubran el rostro, pues según lo ha dicho el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, “decir qué vestir y qué puede llevar es igual de vulnerador que definir qué puede decir y qué no en una protesta”.
Asimismo, se han opuesto a la solicitud de las pólizas, ya que solo se podría incluir si se establece dentro de una ley estatutaria, lo que Gómez ve poco probable, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional tumbó el artículo 53 del Código de Policía, en el que se pedía a los organizadores de las marchas anunciar y solicitar permisos a las alcaldías la realización de manifestaciones, al considerar que era una restricción al derecho de la protesta y, en especial, a las acciones espontáneas, que también deben garantizarse.
La propuesta de la alcaldesa Claudia López se encamina a incluir acciones preventivas, como reuniones previas con quienes convocan a las movilizaciones; la instalación de un Centro de Operaciones de Emergencias, así como agotar los tres pasos del protocolo que la ciudad implementó a principio de año: diálogo con gestores, uso de la fuerza disponible de la Policía y, como último recurso, intervención del Esmad. De igual forma, se sumaron acciones posteriores como la evaluación y seguimiento a los casos de abuso, para garantizar la justicia y la verdad.
Al respecto, Néstor Rosanía, experto en seguridad de la Universidad Nacional, cree que en esta discusión se debe tener en cuenta la diferencia de visiones de la Nación y el Distrito, que se ha hecho más evidente con la forma en que se han tratado las últimas manifestaciones y “que estamos en el mundo del ser y el deber ser, es decir, va a ser muy difícil materializar este tipo de controles sobre las marchas”. La principal razón que considera el experto es que en la estructuración de dicho protocolo no se ha tenido en cuenta que existen diferentes actores dentro de las protestas.
Allí se encuentran los pacíficos, en la mayoría de los casos con líderes identificados; las tribus urbanas, como los anárquicos, los fascistas o los skinheads, dentro de los que muchas veces entran los encapuchados que se enfrentan con el Esmad; las redes de apoyo de las guerrillas, que recientemente se han relacionado con grupos urbanos del Eln, pero que han estado presentes desde el siglo pasado, y un nuevo grupo, que el gobierno ha relacionado con las disidencias, pero del que aun no se tienen pruebas.
“Las marchas son muy grandes y aunque creo que es bueno reglamentar, sobretodo los protocolos de las autoridades, no es tan fácil hacerlo, pues no estamos hablando de un grupo homogéneo y el problema es que el Gobierno termina definiéndolos a todos como capuchos o vándalos. Así va a ser difícil que un protocolo llegue a funcionar. En cambio, podría generar más violencia, si se controla a quienes podrían ir encapuchados”, dijo Rosanía.
En este mismo sentido, el experto de la Universidad Externado, Jairo Libreros, asegura que este tipo de medidas restrictivas terminan siendo un saludo a la bandera, teniendo en cuenta que organismos internacionales como la OMS, han advertido que el uso del tapabocas se podría extender hasta 2022. “No estoy de acuerdo con este tipo de regulación de la protesta social, porque son para imponer talanqueras. Lo que hay que hacer es establecer acuerdos importantes para fortalecerla, impulsarla y darle mayores garantías con los ciudadanos, porque sino va a ser un problema mayor. Los ciudadanos tienen derecho a expresar sus ideas”.
Andrés Nieto, por su parte, señala que desde el 2005 la Corte Constitucional ha dicho que hay una estigmatización directa de los manifestantes y pondría en riesgo a las personas que no son vándalos. Asimismo, llama la atención en que el protocolo que se presentó ya aparece en el Código de Policía o en la resolución 2903, sobre el uso de las armas. “Pareciera que no se da solución al problema real, que es la falta de formación a las unidades policivas, para que cumplan el marco internacional de derechos humanos. Además, hay incongruencias, porque señalan que no se permitirá el uso de armas de fuego, pero a la vez dicen que pueden activarlas, dependiendo la situación”.
En cuanto a la adquisición de pólizas por parte de los organizadores de las manifestaciones, Nieto cree que hay otro interrogante y es con respecto a si las aseguradoras estarán dispuestas a expedirlas y que esto no termine por regular el derecho a la movilización. En este punto Libreros agrega que esto sería una talanquera para los movimientos sociales que no tengan los recursos o la capacidad económica para estos trámites.
“Es por eso que hasta que no se tenga una participación activa de los movimientos sociales, de la academia y otros actores, que al fin de cuentas representan el punto intermedio para dar garantías, no vamos a avanzar en la estructuración de un nuevo protocolo. En tres líneas va a ser imposible que el Estado sin un marco consensuado logre solucionar los problemas que se han presentado en los últimos años”, argumentó Libreros.
Rosanía cree que es un avance para las manifestaciones pacíficas el protocolo que se estableció en Bogotá a comienzo de año, con respecto a la atención escalonada de mediadores, fuerza disponible y Esmad, por lo que de ahí en adelante lo importante es superar los antagonismos. “Cuando hay confianza es fácil organizar las rutas para el recorrido y las evacuaciones”, pero, además cree, que es importante generar un campo de acción para hacerle frente a los capuchos, de los cuales no es desconocido su protocolo de acción.
Para los tres la clave será reconocer que no todos los actores son homogéneos y, por consiguiente, el trabajo que se tendrá que realizar en los próximos 60 días deberá estar encaminado en trabajar conjuntamente, no solo entre gobernantes y Policía, sino también con población civil, para garantizar resultados contundentes y eficaces.
“La Policía atraviesa un momento difícil por la situación, pero ha demostrado que tiene capacidad para reinventarse y eso se evidencia en que es una de las mejores evaluadas a nivel internacional, por eso creo que es el momento de buscar mecanismos con los que puedan intervenir de tal forma que sean muy respetuosos con los derechos humanos. Es muy difícil, pero se puede lograr, mientras haya desprendimiento y capacidad de integración y escucha”, concluye Libreros.
Tomado de El Espectador
