Al acoger los elementos de prueba presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Juez 18 Penal del Circuito de Cali condenó a cuatro personas involucradas en el crimen del fiscal Alcibíades Libreros Varela, asesinado el 29 de diciembre de 2019, en el sur de Cali.
Samuel Hernando Alvear Ramírez, quien disparó contra el funcionario; y Yojan Salazar Martínez, el hombre que ‘marcó’ a la víctima en una panadería, fueron sentenciados a 26 años de prisión. Por su parte, Edison Fajardo Angulo, cabecilla de una banda de asaltantes de joyas; y Álvaro Preciado Quiñonez, conductor de la motocicleta en la que se movilizó el sicario, recibieron 27 años de cárcel.
Esta decisión fue posible gracias a la contundencia de las evidencias aportadas por la Fiscalía General de la Nación, que llevó a los procesados a acogerse a sentencia anticipada.
De acuerdo con el material probatorio, estas cuatro personas integraban una red delincuencial que hurtaba joyas y elementos de valor en Cali. Preliminarmente se conoció que, con ese propósito, siguieron e interceptaron el vehículo en el que se movilizaba el fiscal Libreros y, finalmente, le dispararon en medio del robo.
Durante las audiencias la Fiscalía acreditó la alta peligrosidad de los procesados, en el entendido de que estarían involucrados en otros asaltos en Cali, tenían antecedentes judiciales por diferentes delitos y algunos ya estaban condenados por varias conductas ilegales.
El 8 de enero del año en curso, durante las diligencias de control de garantías posteriores a las capturas, el fiscal de conocimiento les imputó cargos por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes, y municiones.
En su momento fueron presentados 35 videos obtenidos de cámaras de videovigilancia que permitieron conocer los roles de los homicidas y el recorrido exacto que hicieron antes, durante y después del crimen. Otras evidencias, como reconocimientos morfológicos, entrevistas e interceptaciones telefónicas, confirmarían la presencia de estas personas en el lugar de los hechos y en una panadería en la que el funcionario judicial estuvo minutos antes de su muerte.
