La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas implementa el protocolo de atención a emergencias para las 18 familias que se desplazaron de la vereda La Esperanza de Tarazá por amenazas de un grupo armado ilegal en ese municipio del Bajo Cauca antioqueño.
«En esta primera fase de emergencia, desde este lunes viernes se entregan alimentos, kits de cocina y de hábitat (colchonetas, cobijas, toldillos) a las familias que se encuentran en el albergue temporal y otras hospedadas en casas de familiares, hasta que se den las condiciones de seguridad para su regreso a sus tierras”, indicó el director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, Wilson Córdoba Mena.
El funcionario informó que, “en articulación con la Alcaldía, se registró el censo de 77 personas para garantizar su acceso a la declaración por desplazamiento forzado y la ayuda humanitaria inmediata”. Por su parte, la Gobernación y la alcaldía local entregaron elementos de aseo y bioseguridad como parte de la prevención del coronavirus.
Los habitantes de la vereda, perteneciente al corregimiento La Caucana, abandonaron sus viviendas por la amenaza de un grupo armado ilegal a principios de este mes. En esa zona el Grupo Armado Organizado Clan del Golfo y disidencias de las FARC, que se enfrentan por rentas ilegales y zonas de cultivos ilícitos de coca, según el Ejército Nacional.
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Desde el año pasado, la Unidad para la Reparación a las Víctimas destinó más de 11 mil millones de pesos para garantizar alojamiento, alimentación y ayuda humanitaria inmediata a las familias desplazadas en Antioquia, la mayoría procedentes del Bajo Cauca y norte del departamento.
De acuerdo con los protocolos para la atención de estas emergencias, los primeros respondientes son los municipios y demás entes regionales y luego, si sus recursos no son suficientes, interviene el Gobierno Nacional a través de la Unidad para las Víctimas. Este año, también se han atendido con ayuda humanitaria desplazamientos en Cáceres, Murindó e Ituango.
Con el fin de tomar medidas para atender este desplazamiento forzado masivo, el segundo de este año en Tarazá, la Unidad participó en el Comité de Justicia Transicional junto con la Personería, la alcaldía, Ejército, Policía Nacional, Defensoría del Pueblo y Gobernación de Antioquia.