Un número cercano a los 250 campesinos, cultivadores de coca, quienes desarrollan su actividad en zona rural del municipio de Ituango, se movilizaron hasta el casco urbano de ese municipio del Norte de Antioquia, para denunciar lo que para ellos es un incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de lo pactado en La Habana en cuanto a la sustitución de cultivos ilícitos.
Entre otros hechos, denuncian que la Fuerza Pública ingresó a sus territorios para adelantar la erradicación manual de forma forzada.
José David Hernández, delegado para Antioquia de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, manifestó que los campesinos de las veredas que se acogieron al programa están en el casco urbano de Ituango reclamando un poco más de compromiso del Gobierno hacia ellos, porque les están incumpliendo “un cien por ciento el derecho de ellos, de estar en el programa voluntario”.
A esta hora, 9:30 a.m. del jueves 5 de abril de 2018, se realiza una rueda de prensa en la que los campesinos dan a conocer su postura ante el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS, a causa de la Radiación del Proyecto de Ley de Tratamiento Penal Diferenciado y el asesinato sistemático a miembros de su organización.
Los campesinos han manifestado que permanecerán en el coliseo deportivo de Ituango hasta que se les resuelva la situación.
La erradicación por parte del Ejército
Desde hace 15 días, denunciaron los campesinos, se viene presentando erradicación forzada por parte del Ejército Nacional, por parte de la tropa “al mando del comandante de apellido Bolaños, adscrito al Batallón de Infantería número 32, el cual asegura que la meta es erradicar toda la coca existente en la región. Asimismo, dice que no pararán de realizar esas tareas por órdenes de sus superiores”, dice en uno de sus apartes un comunicado emitido por el Comité de cocaleros de El Aro.
El jueves 29 de julio, agrega el informe de Coccam, el oficial tuvo contacto con las comunidades que se oponen a que se realice la erradicación de esa manera, puesto que “dejará sin el sustento a las comunidades, sobre todo a aquellas que firmaron el 12 de septiembre del 2017 un acuerdo colectivo con el Gobierno Nacional en Ituango, donde el Gobierno se comprometió con todas las veredas de El Aro en la construcción e implementación del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Usos Ilícito PNIS”.
En noviembre pasado, las comunidades manifestaron estar de acuerdo con el Programa de Sustitución Voluntario. Sin embargo, denuncian, en sus territorios no perciben las mínimas garantías de seguridad para realizar la erradicación, por tal razón “responsabilizamos al Estado por los hechos que se vienen presentando contra las comunidades y los líderes que venimos impulsando estos programas”, añade el escrito.
En cuanto al censo de los campesinos que adelantan la erradicación, para el cual solo tenían plazo hasta el 15 de enero para realizarlo, estos pidieron que se iniciara la pre-inscripción, sin embargo “nunca se abrieron esas convocatorias de pre-.inscripción, al contrario, cuatro meses después solo hemos recibido la presencia del Ejército con sus acciones de erradicación forzada”, destaca el comunicado.
Los campesinos exigen, además, canales de comunicación válidos, que el Ejército no siga sobornando a los campesinos para que permitan erradicar por partes y que se respete, en definitiva, lo acordado en La Habana en cuanto a sustitución de cultivos de usos ilícito.
Mientras no se den las condiciones por ellos exigidas, permanecerán en “paro cocalero permanente, salimos a la calle para defender el legítimo derecho de trabajar para alimentar a nuestras familias, sobre todo, porque faltan políticos reales para que los campesinos tengamos opciones dignas y claras para la sustitución”, concluye el texto, que está firmado por el Comité de Cocaleros del corregimiento de El Aro y sus veredas.
Denuncia Pública
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Comunicado Público
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