Un suboficial y 5 patrulleros de la Policía Nacional fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario como presuntos responsables secuestrar a 2 jíbaros en el centro de la capital antioqueña, para exigir dinero a cambio de liberarlos y de no vincularlos a procesos penales por el delito tráfico de estupefacientes.

Se trata del intendente Ferley Antonio Grajales Quiroz y los patrulleros Sammy José Taboada Torres, Cristian Fernando Vergara, Jhon Fredy Peñaranda Mendoza, alias el Ladrón; Adinson Robledo Torres y Francisco Antonio Castañeda Mejía, quienes deberán responder como presuntos responsables de secuestro extorsivo agravado, falsedad ideológica en documento público y peculado por uso.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, entre el 30 junio de 2017 y el 15 de febrero del 2018, los uniformados habrían capturado en flagrancia a dos reconocidos coordinadores de plazas de vicio del centro de Medellín, en posesión de considerables dosis de narcóticos.

Según las declaraciones de testigos y de los propios delincuentes, los retenidos no eran dejados a disposición de los fiscales sino que eran conducidos hasta algunos puestos de policía del sector, donde les exigían sumas que oscilaban entre los 3 y los 5 millones de pesos para dejarlos en libertad y no judicializarlos. En algunos casos se habrían quedado con parte de la droga incautada.

Otro de los casos investigados está relacionado con la retención ilegal de un mensajero que al parecer transportaba marihuana en una motocicleta. A la víctima le fueron retenidos sus documentos y la moto en la que se movilizaba, mientras conseguía la suma de 1 millón 500 mil pesos para devolverle sus propiedades.

Los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación establecieron que los policiales, adscritos a los Comandos de Atención Inmediata (CAI) del barrio Boston, la Plaza Minorista y el Parque de Bolívar, habrían alterado los libros de población de la institución para tratar de evitar los seguimientos judiciales.

Este martes 2 de julio, después de una de las audiencias preliminares, cuatro de los seis uniformados fueron sorprendidos cuando trataban de ingresar celulares a la sala de paso de la sede Caribe de la Fiscalía de Medellín, lugar donde estaban detenidos preventivamente. Los teléfonos fueron confiscados y el juez de garantías legalizó la incautación.

La medida de aseguramiento fue impuesta por el Juzgado 32 Penal Municipal de Medellín, decisión que fue apelada por la defensa de los investigados.

Un caso que venía investigando la Fiscalía
Según Adriana Villegas Arango, directora seccional de Medellín (encargada), este es el resultado de una investigación que venía adelantando la Fiscalía, “con buen tiempo, varios meses atrás, un fiscal de la estructura de apoyo, un caso priorizado. Y estuvo pendiente de varios policías adscritos a los Cai del Centro de la ciudad de Medellín. Pudo establecer que estos policiales se dedicaron a hacer unas retenciones ilegales a determinadas personas, pidiendo a cambio para liberarlas una suma de dinero importante”.

Añadió que lo más delicado de toda esta situación “es que muchas de estas personas retenidas eran personas que realmente deberían ser judicializadas, pero que no se pusieron nunca a disposición de los fiscales encargados de investigarlos”.

Agregó que se realizó toda la investigación, “se contó con interceptaciones telefónicas y evidencias que permitieron demostrar evidentemente su participación. Todos fueron imputados y a todos ellos se les impuso medida de aseguramiento intramural”.

Finalmente, Villegas Arango destacó que “este es un proceso que responde a la necesidad de judicializar actividades ilegales al interior de cualquiera de las instituciones. La Policía Nacional después de esta situación ha estado presta a colaborar en todo sentido con la Fiscalía y es el resultado de investigaciones que se adelantan permanentemente en la Fiscalía”.