En una acción conjunta de la Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, y la Dijín de la Policía Nacional, fueron capturados y judicializados tres presuntos integrantes de una red delincuencial denominada los Bulldozer, señalada de comercializar oro, plata y platino extraído ilegalmente.
A estas tres personas les fueron imputados los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, según sus responsabilidades individuales.
Por disposición de un juez de control de garantías de Medellín, Antioquia, dos de los procesados recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario, ellos son: José Alfredo Barrera López, alias ‘Timo’; y Juan Guillermo Martínez Pérez. Otro de los procesados, Jhonatan Exbrey Granados Villegas, fue cobijado con detención en su lugar de residencia.
Así delinquían
Labores de policía judicial permitieron conocer que, entre 2006 y 2011, los Bulldozer habrían extraído y comercializado de manera ilegal oro, plata y platino. Para este propósito, establecieron roles que les permitió movilizar los dineros producto del ilícito hacia el centro del país.
Barrera López, supuesto cabecilla de la red de lavado de activos, sería el encargado de la extracción y comercialización de los metales preciosos en zonas de producción aurífera ubicadas en Antioquia y Chocó. Esta actividad, al parecer, le representó ventas por más de 75 mil millones de pesos.
De otra parte, Juan Guillermo Martínez Pérez, quien sería el segundo en la red de lavado de activos, es señalado de definir la logística para camuflar y movilizar el dinero en taxis, vehículos de alta gama, llantas de repuesto o correos humanos. Esta persona habría logrado ventas de oro y otros productos por más de 45 mil millones de pesos.
Finalmente, Jhonatan Exbrey Granados Villegas, supuestamente, recibía y custodiaba el dinero de origen ilícito, y contactaba y pagaba los servicios de quienes servían de transportadores.
La suma de este tipo de acciones habría permitido operaciones de blanqueo por más de 120 mil millones de pesos. La abundante evidencia física da cuenta de que estos dineros se recibieron a través de establecimientos de comercio dedicados a la compra y venta de divisas, a la comercialización de metales, o al alquiler de maquinaria pesada. En realidad, estos negocios serían fachadas que daban apariencia de legalidad al andamiaje ilegal.
El material de prueba en poder de la Fiscalía evidenció que las labores de extracción coordinadas por los Bulldozer se realizaron sin los títulos mineros requeridos; mientras que la comercialización de minerales se hizo sin certificación de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
