Un juez de Cali aseguró a cinco presuntos integrantes de la banda ‘La Triple A’, entre ellos cuatro mujeres, dedicadas a la estafa, a través de la venta de vehículos usados.
Los cobijados con la medida judicial son: Ángela María Cocoma González, Claudia Andrea Zapata Gallardo, Paola Andrea Osorio Ramos, Luisa Fernanda Rojas Zapata y Edward Jiménez Aguirre.
A estas personas la Fiscalía les imputó cargos como presuntos autores materiales de los delitos de concierto para delinquir en concurso con estafa agravada.
Las cinco personas fueron capturadas durante tres diligencias de registro y allanamiento por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en la capital del Valle.
Durante la investigación contra ‘La Triple A’ el ente investigador asoció 37 noticias criminales que identificaron cerca de 50 víctimas organización criminal, con un detrimento patrimonial de 300.000.000 de pesos.
¿Cómo operaban?
Una fuente humana llegó hasta la Fiscalía Seccional y puso en conocimiento de las autoridades la existencia de una posible organización delictiva dedicada a estafar a personas, a través de la venta de vehículos usados.
A raíz de la información obtenida se realizaron labores previas de verificación de identidades logrando establecer que una de las personas mencionadas por la fuente era Claudia Andrea Zapata Galindo quien se encuentra registrada en el SPOA como indiciada por el delito de estafa en 18 casos, coincidiendo los casos con la información entregada por el testigo.
Igualmente, se logró establecer que ‘La Triple A’ tenía como estrategia ofrecer vehículos usados a precios por debajo de los valores comerciales y pagarlos en cuotas mensuales entre 200 y 300 mil pesos.
A las víctimas se les entregaba documentación como contrato de compraventa con datos de características del vehículo, pero sin establecer las placas, documentos que eran suscritos por la víctima y la vendedora. Zapata, quien en la mayoría de los casos estampó su huella digital y el sello de la empresa Autoventas del Valle.
Adicionalmente, les entregaban a las victimas formularios del Runt y otros documentos de trámites, pero sin ser estos diligenciados ante las autoridades de Tránsito.
Cumplidos los trámites, la organización ilícita postergaba y dilataba la entrega de los automotores a los compradores.
