El funcionario adelantó un proceso de restablecimiento de derechos de las víctimas, y habría aprovechado esa condición de vulnerabilidad para ganarse su confianza y agredirlos sexualmente.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
TOLIMA, COLOMBIA (24 SEP 2024) – Luego de valorar los elementos de prueba aportados por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Tolima, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Javier Eudoro C. G., un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que habría abusado sexualmente de dos hermanos menores de edad en Honda (Tolima).
Esta persona, en su condición de defensor de familia, adelantó un proceso de restablecimiento de derechos en favor de las dos víctimas. Al parecer, aprovechó ese conocimiento que tenía sobre la condición de vulnerabilidad de los dos niños, y realizó actividades en contra de su libertad, integridad y formación sexual.
Por lo anterior, fue imputado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. El cargo no fue aceptado.
La investigación permitió conocer que Javier Eudoro habilitó una habitación en su lugar de residencia para albergar a los hermanos. En ese espacio presuntamente abusó de los dos. Uno, entre abril y diciembre de 2021, cuando tenía 11 años; y el otro, desde los 14 años en febrero de 2022, hasta 2024. A este le haría ofrecimientos de dinero para que no fuera denunciado.
Por estos hechos, el funcionario fue capturado en una acción conjunta del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la SIJIN del Departamento de Policía de Tolima, en un inmueble del barrio Restrepo, en Honda.
FGN
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.