El 22 de febrero de 2017, la Fiscalía General de la Nación ordenó el allanamiento a una vivienda del barrio El Volador de la capital antioqueña, donde fueron incautadas 288 barras del explosivo Indugel, 11 granadas de fragmentación, un revólver, 3.700 detonadores y 4 rollos de mecha lenta. En el lugar fueron capturados el patrullero de la policía Ferney Nicolás Cardona Cortés y el particular Juan Diego Viana López, quienes llegaron un acuerdo judicial con el organismo investigador y fueron sentenciados a 6 años de prisión.
Luego de varios meses de investigación se logró establecer que los elementos incautados hacían parte de otros procesos judiciales y que la Fiscalía había ordenado su destrucción. Se determinó además que pese a que los explosivos nunca fueron destruidos, varios uniformados presentaron actas donde se afirmaba lo contrario.
Por esos hechos fueron capturados y asegurados en las últimas horas el uniformado Luis Fernando Martínez Grajales, de 38 años de edad, y el patrullero retirado Arley Chavarro Santanilla, de 34 años. Para el momento de los hechos, ambos hacían parte del grupo antiexplosivos de la Sijín de la Policía Antioquia. Su aprehensión fue realizada por la propia institución, este lunes 1 de octubre, en la capital de la República.
A Martínez Grajales se le imputaron cargos por los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, mientras que Chavarro Santanilla deberá responder por la falsedad, dos delitos de peculado por apropiación y conservación de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas; toda vez que sería el presunto responsable de sustraer las granadas de fragmentación que figuraban como evidencia en otra investigación.
Ninguno de los dos se allanó a los cargos que les imputó un fiscal de la Dirección Especializada contra la Criminalidad Organizada. La medida de aseguramiento intramuros fue proferida por el Juzgado Primero Penal Ambulante de Antioquia, con funciones de control de garantías.
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