SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, COLOMBIA (4 ABR 2024) – En un importante acto de justicia para la comunidad indígena de San José del Guaviare, la Fiscalía General de la Nación ha logrado que un juez ordene el encarcelamiento de un hombre de 31 años, acusado de agredir sexualmente a su hijastra, una menor perteneciente a una comunidad indígena, desde que tenía 10 años. Los abusos, que se extendieron desde 2018 hasta 2022, han conmocionado a la comunidad y puesto de manifiesto la urgente necesidad de proteger a los menores de actos de violencia sexual.
La investigación reveló que el procesado habría sometido a la niña a repetidos vejámenes sexuales, una situación de abuso continuado que ha desencadenado una respuesta firme por parte de las autoridades. El arresto del presunto agresor se produjo en la vía pública del municipio de El Retorno, Guaviare, gracias a la acción coordinada de agentes de la Policía Nacional.
Durante la audiencia, la Fiscalía imputó al hombre cargos por demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años agravada, acto sexual violento agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravado, bajo la modalidad de concurso homogéneo y sucesivo. El acusado no aceptó los cargos que se le imputan.
Este caso subraya la vulnerabilidad de los menores en entornos donde deberían prevalecer la seguridad y el cuidado, especialmente en comunidades indígenas que frecuentemente se enfrentan a retos adicionales en la protección de sus derechos. La determinación del juez de enviar al presunto agresor a prisión representa un paso crucial hacia la reparación del daño infligido a la víctima y su familia, así como un mensaje claro de que la violencia sexual contra menores no será tolerada.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
