El hombre fue identificado y ubicado por las alertas emitidas por las agencias de Estados Unidos, que detectaron el dispositivo en el que estaba agrupando el material audiovisual.
ANTIOQUIA, COLOMBIA (12 SEP 2024) – Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al acordeonero y productor musical, Carlos Hernobi Ruiz Urrea, quien sería el responsable de grabar y almacenar videos de contenido sexual explícito con menores de edad.
La labor investigativa liderada por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), con apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional y la agencia estadounidense GESIN-HSI, evidenció que la actividad ilícita la habría ejercido durante los últimos 12 años, en Medellín (Antioquia), Cali, Yumbo y Vijes (Valle del Cauca).
En ese sentido, Ruiz Urrea fue imputado por el delito de pornografía con personas menores de 18 años. El cargo no fue aceptado.
Los elementos de prueba indican que, en mayo del año en curso, este hombre presuntamente realizó 86 videos y fotografías de contendido sexual con niños, niñas y adolescentes.
El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC), por sus siglas en inglés, detectó el dispositivo en el que estaban agrupados los registros audiovisuales y emitió varias alertas. Las notificaciones fueron atendidas en Colombia, verificadas y documentadas para lograr la individualización de la persona que grababa y recopilaba las imágenes.
Producto del trabajo articulado realizado, Carlos Hernobi Ruiz Urrea fue capturado en Rionegro (Antioquia).
FGN
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.