Bogotá, 20 nov – Ocho años después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, la violencia reciclada, especialmente contra líderes sociales y desmovilizados, es -junto con la ausencia del Estado en muchos lugares- uno de los desafíos que tiene Colombia, coincidieron este miércoles los participantes en un foro en Bogotá.
Desde que se firmó la paz, el 24 de noviembre de 2016, más de 430 exguerrilleros han sido asesinados, lo que constituye uno de los mayores obstáculos para la implementación del punto tres del acuerdo, referente al cese el fuego definitivo y la dejación de armas, según el representante especial adjunto de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Raúl Rosende.
«En el punto tres de la implementación del acuerdo hemos tenido uno de los principales problemas, que es el asesinato de líderes y el asesinato de excombatientes», manifestó en un foro de la Semana de la Resiliencia, organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el diario El Espectador.
Según Rosende, «el asesinato de excombatientes es un problema grande porque hay gente que entregó las armas a cambio de seguridad, a cambio de la promesa de protección, y van 430 y pico de ellos asesinados», lo que, añade, «crea de vuelta condiciones para reproducir la violencia».
El funcionario de la ONU señaló que el asesinato de excombatientes, sumado al de líderes sociales «es un problema muy serio para el país».
«En los últimos cuatro años, 933 líderes sociales han sido asesinados. Estamos todos de acuerdo en que eso no debería ser así», manifestó por su parte el subdirector para Colombia de Usaid, Jeremiah Carew.
Comunidades unidas contra la violencia
En el foro participaron también mujeres que trabajan por la paz y para restaurar el tejido social en sus comunidades, como la alcaldesa de San Jacinto, en el departamento de Bolívar, Merly Viana Pérez, y las lideresas del resguardo indígena Pialapi, Rosa Urbina, y de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Cauca (ASOM), Gloria Estefan Bermúdez.
«No estamos afrontando de la misma manera la violencia como en el pasado, pero sí hay riesgo para los líderes», manifestó la alcaldesa de San Jacinto, pueblo situado en los Montes de María, una región del caribe colombiano de las más golpeadas por la violencia de guerrilleros y paramilitares.
Según Pérez, «la gente tiene miedo» porque esos actores violentos han sido reemplazados por bandas criminales y delincuencia común que extorsionan y amenazan no solo a los líderes sociales sino a la gente del común.
«Lo que sí no estamos dispuestos es a repetir esa historia que se vivió en la época de la violencia», dijo la alcaldesa.
La reproducción de los ciclos de violencia se debe en gran parte a la ausencia del Estado, que no tuvo una presencia integral en las zonas de las cuales se desmovilizaron las FARC, permitiendo con ello que otros grupos armados ilegales se tomaran esas áreas.
«Uno de los desafíos más importantes es la dificultad que tiene el Estado central para hacer presencia en los territorios; cuando se produce esa dejación de armas de la FARC quedan espacios vacíos en la medida en que el Estado no tuvo la rapidez suficiente como para establecerse en todos esos territorios y ahora enfrentamos el desafío de cómo combatir esa ilegalidad», expresó Rosende.
El funcionario destacó el valor que tienen las comunidades organizadas para hacer frente a la violencia y la ilegalidad porque «cuanto más organizada está una comunidad, menos vulnerable es a la ilegalidad».
A pesar de las dificultades, Rosende elogió los logros del acuerdo de paz con las FARC que el próximo domingo cumplirá ocho años.
«No son muchos los acuerdos de paz en el mundo que sobreviven a los primeros cinco años, por lo general, de acuerdo a la experiencia comparada, colapsan en los primeros cinco años. En Colombia llevamos ocho años y el acuerdo sigue», dijo Rosende quien instó a continuar la implementación de lo pactado.
EFE