Nelson Mandela decía: «La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo», pero para los gobernantes locales y departamentales ha sido una constante la exclusión social y condenar a la pobreza a unas comunidades que reclaman una justicia social sin brechas sociales
San José de Apartadó, Urabá, Colombia, 4 abril de 2022.- Durante años la excusa de los diferentes gobiernos en Colombia fue que la inversión social no llegaría mientras existiera el conflicto armado en este territorio. Hoy, bajo el gobierno de Iván Duque y la alcaldía de Felipe Benicio Cañizales Palacios las escuelas siguen siendo el reflejo más drástico del abandono del Estado que derrumba cualquier esperanza a una comunidad completamente revictimizada.
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El corregimiento de San José de Apartadó, está ubicado en jurisdicción del municipio de Apartadó, en la zona oriental que conecta con la Serranía del Abibe y el departamento de Córdoba. Limita por el sur con el Municipio de Carepa, al oriente con Tierralta (Córdoba), al norte con Turbo y al occidente con la zona urbana de Apartadó, la vía Panamericana y los corregimientos de Churidó y Puerto Girón. Está conformado por 32 veredas y podríamos decir. que es una de las zonas más afectadas por la violencia social y política generadas durante el conflicto social y armado por el que sigue atravesando el país.
Tras la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc, más de 8.000 campesinos que aún habitan este bello territorio se llenaron de esperanza porque veían que ahora sí iba a llegar todo lo prometido por el Gobierno.
Para eso, participaron de manera activa en los escenarios de diálogo y de construcción de propuestas para hacer posible la tan anhelada paz, estable y duradera. Un sueño que aun se mantiene a pesar del abandono.
Sin embargo, van 5 años de haberse firmado el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc, por un lado el incumplimiento a las zonas PDET es irracional e inconstitucional, por otro lado no llega ni el desarrollo, ni la prosperidad, ni la paz prometida, solo se disuelven la pobreza y la esperanza entre las manos de estas personas que han experimentado durante décadas el abandono.
Las escuelas se caen a pedazos ante la mirada indemne de la administración local de Felipe Cañizares que sabe de la grave situación, no hay un Personería Municipal con la suficiente voluntad para defender el derecho de estos niños y niñas, tampoco una Procuraduría General de la Nación empeñada a exigir la restitución de los derechos de estos menores, mientras tanto, muchas escuelas caen a pedazos.
Por ejemplo, la escuela de la vereda La Cristalina no tiene energía eléctrica, ni restaurante escolar, la infraestructura presenta peligrosas grietas y, siendo una escuela rural, no hay una habitación para el profesor que semanalmente debe llegar a la vereda a dictar clases.
Las condiciones bajo las cuales estudian estos niños y niñas son completamente indignas, el espíritu de la enseñanza y el aprendizaje debe mantener unos mínimos fundamentales para garantizar una educación de calidad.
Otra escuela que refleja las malas condiciones bajo las que estudian estos niños y niñas, es la escuela de la vereda La Hoz. No tienen acceso a agua potable, no hay baños, no hay sillas, no hay material didáctico fundamental para el aprendizaje y, como si fuera poco en más de 10 años de funcionamiento, no ha recibido ninguna intervención de la administración municipal.
Las escuelas de San José de Apartadó no tienen dotación de materiales didácticos y carecen de elementos tecnológicos para brindar una buena educación a los cerca de 2.000 niños, niñas y adolescentes con sed de conocimiento.
Nelson Mandela decía: «La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo», pero para los gobernantes locales y departamentales ha sido una constante la exclusión social y condenar a la pobreza a unas comunidades que reclaman una justicia social sin brechas sociales.
La crisis en el sistema educativo en el corregimiento de San José de Apartadó es tal que la Alcaldía ha retirado parte del transporte escolar que había hacia el colegio Bartolomé Cataño, la institución principal a la que acuden niños y niñas de diferentes sectores y que ahora se trasladan bajo un hacinamiento sin precedentes en esta zona.
Algunos habitantes mencionan que cada 4 años los alcaldes se muestran en las emisoras con discursos grandilocuentes y llenos de promesas que terminan siendo una declaratoria de que en realidad todo seguirá igual, como si los alcaldes de turno miraran con desprecio al campesinado de las veredas del San José de Apartadó convirtiéndola en la última fila de la inversión y el desarrollo.
No hay que olvidar que en la Alerta de la Defensoría del Pueblo 051-20 todos los niños, niñas, adolescentes e indígenas de San José de Apartadó tienen riesgo de ser reclutados por diferentes actores armados que tienen asiento en zonas de este corregimiento. Por esta razón, resulta claro que la Alcaldía Municipal debería atender con total transparencia y diligencia esta problemática social.
A manera de denuncia y de exigir la reivindicación de los derechos de estas comunidades, principalmente los menores de edad, por medio de este artículo queremos hacer una llamado categórico a la Personería Municipal para que solicite de manera urgente medidas cautelares para el derecho a la educación de las y los niños de San José de Apartadó, además, a la Procuraduría General de la Nación establecer responsabilidades por acción u omisión a la violación del derecho a la educación de los niños y niñas de las diferentes veredas de este corregimiento.
El alcalde de Apartadó, Felipe Cañizales y el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, aún tienen tiempo de recuperar la confianza que les ha depositado la Constitución y la ley, cumplir con su programa de gobierno rural y devolver parte de lo que le han arrebatado a estas comunidades que nadie mira, lo otro es pasar a la historia como el alcalde o el gobernador que condenó a otros “Cien Años de Soledad” de una población que ha reclamado su derecho a la dignidad.
