BARRANQUILLA, COLOMBIA (16 FEB 2024) – En un esfuerzo coordinado por la Fiscalía General de la Nación, y bajo el compromiso de la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de combatir los crímenes que comprometen la seguridad ciudadana, una mujer ha sido judicializada y enviada a prisión por su presunta implicación en la explotación sexual de menores de edad en Barranquilla, Atlántico.
Ana Carolina Pérez Montes fue capturada en flagrancia el pasado 1 de febrero en un establecimiento nocturno del barrio Centro de Barranquilla. Durante la operación, uniformados de la Policía Nacional encontraron a una menor de 17 años en una de las habitaciones, quien al parecer, era forzada a mantener relaciones íntimas con diversos hombres. Estos hombres, a su vez, le pagaban distintas sumas de dinero a Pérez Montes, quien supuestamente administraba el lugar y coordinaba las actividades ilícitas.
Este operativo no solo permitió la captura de Pérez Montes sino también el restablecimiento de los derechos de la joven afectada. La Fiscalía ha imputado a Pérez Montes el delito de estímulo a la prostitución de menores de edad, una acusación que la detenida ha rechazado.
Un juez con función de control de garantías atendió la solicitud de la Fiscalía Seccional Atlántico, ordenando que Pérez Montes fuera enviada a un establecimiento carcelario bajo medida de aseguramiento. Este caso destaca la determinación de las autoridades colombianas para proteger a los menores y combatir las redes de explotación sexual.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
