En la mañana del 21 de junio de 2019 los ojos del país se posaron en Tierralta, un pequeño municipio ubicado al sur de Córdoba, en donde por años la violencia ha sido el pan de cada día. El asesinato de María del Pilar Hurtado conmocionó al país esa mañana de viernes, al circular en redes sociales el video donde se veía su cuerpo tendido en el suelo y a su hijo, a los gritos, llorando por la muerte de su madre. Las primeras versiones señalaban a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) como las responsables, pues anteriormente la habían amenazado. No obstante, las hipótesis fueron aumentando y a la fecha el caso este lejos de resolverse.
El 22 de junio de 2019, el entonces Alto Comisionado para los Derechos Humanos y actual fiscal general, Francisco Barbosa, anunció el apoyo de 20 miembros de las Fuerzas Militares en las investigaciones, para esclarecer el homicidio. La mujer había llegado un año antes a Tierralta, huyendo de la violencia de los narcotraficantes y los paramilitares de Puerto Tejada (Cauca). Allí era reconocida como la líder comunitaria, de la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza (Funviavor), que había denunciado los sitios donde torturaban, asesinaban y desaparecía a los pobladores, denominados “casas de pique”. Sin embargo, días después de su muerte, las autoridades dieron a entender que su liderazgo, quizás, no había sido el motivo detrás del crimen.
Esto ocurrió luego de una reunión después del asesinato, a la que asistencia del secretario de Gobierno de la Alcaldía de Tierralta, Willington Ortiz Naranjo; la personera municipal, María Alexandra Ferraro, y el defensor comunitario, Víctor López Mestra. Además, estuvo el comandante de la Policía del Distrito, el mayor David Quintero Ibarra; el intendente Amed Díaz, jefe de la Sijín local, y el esposo de María del Pilar Hurtado.
En el encuentro se escuchó una polémica afirmación de las autoridades: “queremos desvirtuar las afirmaciones en redes sociales, de la Asociación Cordoberxia, que de manera irresponsable dijo que la señora María del Pilar Hurtado Montaño es una lideresa social y que estaba referenciada en un panfleto amenazante que circuló en días anteriores”
La declaratoria desató un revuelo y un contrapunteo entre varias entidades. Andrés Chica, director de la Fundación Social Cordoberxia, dijo por ejemplo: “No sé de dónde sale la aseveración de que ella es una líder social, porque en el comunicado no se dice eso. No sabemos cómo alguien quiso vender la noticia así”. Asimismo, explicó que, en la primera semana de junio, la mujer estuvo involucrada en la toma de un predio en desuso, propiedad del padre del Alcalde de Tierralta, Fabio Otero Avilez.
Andrés Chica, le dijo a este diario hace un año que “María del Pilar tomó un lote y levantó una polisombra. Por ser líder empezó a llevar el proceso con la gente. Hasta se reunió con el alcalde mismo en varias ocasiones para entregar los listados de las familias que requerían una vivienda”. Los acuerdos entre el Alcalde y los pobladores quedaron en que, si los predios eran desocupados voluntariamente, serían divididos y titulados. No obstante, la promesa no se concretó y los habitantes volvieron a invadir el lugar.
Dos días después, las personas que lideraron el proceso de ocupación fueron amenazadas en un panfleto de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), la estructura armada ilegal que hace presencia en esta región, y que ocupó sin resistencia los espacios dejados por los frentes 5, 18 y 58 de las Farc, luego del proceso de paz. Así las cosas, los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador, en Córdoba, son dominados por esta estructura armada.
En el panfleto, al parecer, aparecía referenciada María del Pilar Hurtado como la gorda mujer del chatarrero. “A estas personas las declaramos objetivo militar. Ya estamos cansados de esta manada de hijueputas desocupados, que se las pasan es invadiendo lotes”, decía la amenaza. Sin embargo, el panorama se pondría cada vez más confuso. La entonces gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, señaló que Hurtado “no se encontraba en el panfleto en el que se denunciaron las amenazas a ciudadanos de Tierralta. Sin embargo, todo ciudadano merece la protección del Estado, y en este caso rechazamos crimen por su condición de madre y de mujer”.
Esta versión fue corroborada por el coronel Jairo Baquero, comandante de la Policía de Córdoba, quien señaló que a los amenazados por las AGC se les brindó medidas de protección. Además, Baquero indicó que “La persona asesinada el día de ayer no está en este listado, creemos nosotros que esta no es la consecuencia de su muerte, tenemos cuatro hipótesis delictivas adicionales”.
Aunque se ofrecieron $20 millones por los responsables del crimen de la mujer, las diferentes versiones en torno a su asesinato siguen siendo un misterio. Del proceso de investigación poco o nada se sabe. Es por esta razón que organizaciones sociales y defensores de derechos humanos se unen hoy para hacer un llamado a las autoridades, para que no permita que el crimen de María del Pilar Hurtado quede en la impunidad.
Tomado de El Espectador
