Rueda Mateus habría aprovechado su profesión de abogado para contactar a los ciudadanos a quienes, se cree, engañó con la falsas promesa de ayudarles con trámites para poder ser beneficiados con la adjudicación de casas o vehículos que serían rematados. Para esto, las víctimas debían entregarle distintas sumas, que totalizarían los 590 millones de pesos.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
BUCARAMANGA, COLOMBIA (5 NOV 2024) – La Fiscalía General de la Nación ha logrado la judicialización de Juan Diego Rueda Mateus, un abogado que presuntamente estafó a 17 personas en los municipios de Bucaramanga y Floridablanca, en Santander, prometiéndoles la adjudicación de propiedades y vehículos en remate. De acuerdo con la investigación, las víctimas habrían entregado sumas de dinero que totalizan aproximadamente 590 millones de pesos, bajo la falsa promesa de acceder a estos bienes.
El caso fue llevado ante un juez de control de garantías, donde un fiscal de la Seccional Santander imputó a Rueda Mateus los delitos de estafa agravada en modalidad de masa, así como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, y amenazas con arma de fuego. Las víctimas habrían desistido de reclamar sus dineros debido a presuntas intimidaciones realizadas por el abogado, quien utilizaba su profesión para dar credibilidad a sus promesas y obtener los pagos.
La captura de Rueda Mateus fue realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía el pasado 30 de octubre en el barrio Sacromonte de Floridablanca, en cumplimiento de una orden judicial. Tras su captura, el juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúa el proceso judicial en su contra.
Este caso representa un avance en la lucha contra las estafas que afectan a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, y la Fiscalía invita a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la adjudicación de bienes.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.