La discusión sobre el aborto necesita urgentemente una mirada interseccional. Las mujeres con acceso a recursos financieros, en su mayoría continuaran realizando abortos seguros, por el simple hecho de poder pagar por ellos (a pesar de su legalidad o no). Mientras que aquellas más pobres, y viviendo en la ruralidad, seguirán poniendo su vida en riesgo. Esta sociedad moralista en la que nos tocó nacer poco entiende de evidencia científica, y poco le importa el bienestar de las mujeres, sobre todo de las más pobres. Eso somos, misóginos y clasistas.
Paradójicamente, en Colombia, que nos encanta compararnos y seguir las buenas prácticas de los países “más desarrollados” (en donde mayoritariamente el aborto es legal), aún hay quienes quieren devolvernos al oscurantismo, eliminando la legalidad del procedimiento en las tres casuales que lo hacen hoy posible: riesgo de la salud mental o física de la mujer gestante, malformación del feto y violación. La lucha, sin embargo, es por no condicionar el aborto, la lucha continua por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos sin condición alguna.
Bastante evidencia científica existe ya, mostrando que los índices de aborto no aumentan por legalizarlo, al contrario las muertes y afectaciones físicas y psicológicas disminuyen, nuevamente beneficiando sobre todo a aquellas con menos posibilidades económicas. Asimismo, le da mayor control e información sobre el fenómeno a las autoridades y hacedores de políticas públicas para tomar decisiones más acertadas en pro del bienestar social.
La deuda con las mujeres más pobres en la ruralidad, a esas que esta sociedad quiere castigar, es aún más grande que garantizarles el derecho al aborto. Los embarazos no deseados vienen atados a la violencia y estereotipos de género a los que están expuestas diariamente, a la falta de acceso a información -sobre todo aquella relacionada con sus derechos sexuales y reproductivos-, a la falta de oportunidades en el sistema educativo y posteriormente en el mercado laboral. Según un estudio de Profamilia, las niñas viviendo en zonas rurales dispersas tienen mayor probabilidad de quedar embarazadas en la adolescencia. Igualmente, hoy 53% de las mujeres pobres en la ruralidad sufren complicaciones durante el proceso de interrupción voluntaria del embarazo.
Por otro lado, el discurso sobre acceso a métodos anticonceptivos es superfluo y cómodo –sin asegurar que no sea necesario-. Lo que ocurre es que garantizar únicamente acceso sin otro tipo de intervenciones en las normas sociales, y en el sistema en general es un esfuerzo en vano.
En el libro “Repensar la Pobreza”, de Duflo y Banerjee (recientemente galardonados con el Premio Nobel de Economía), se expone un experimento realizado en una comunidad rural en Kenia. Los resultados muestran que las niñas de este lugar comprenden perfectamente que al tener relaciones sexuales sin protección existe una alta probabilidad de quedar embarazadas. También entienden que si quedan embarazadas, especialmente de un hombre mayor, este se hará cargo de ellas y de su bebé; en una sociedad que pocas oportunidades educativas y laborales le brinda a las mujeres, esta está muy lejos de ser una decisión irracional. Cuando estas niñas reciben uniformes escolares gratuitos (muchas de ellas no pueden financiar el costo de dichos uniformes y abandonan la escuela) el índice de deserción escolar disminuye, y asimismo los embarazos. Por este tipo de intervenciones y políticas es que deberían estar abogando los “provida”, por mayores oportunidades para las mujeres y niñas más pobres. Así es como se realmente se salvan vidas.
El único pecado de estas mujeres y niñas es nacer pobres y campesinas. Colombia necesita más y mejores políticas que les permitan a ellas desarrollar todo su potencial, y evitar embarazos tempranos y/o no deseados. Y Colombia necesita urgentemente legalizar el aborto sin condición. El aborto debe ser legal, seguro y gratuito.
