Bogotá, 4 diciembre.- La Procuraduría (Ministerio Público) abrió una investigación disciplinaria contra tres funcionarios de la cárcel La Modelo, de Bogotá, donde murieron 24 presos amotinados y 90 personas más resultaron heridas en marzo pasado cuando supuestamente protestaban para exigir protección contra la covid-19.
Los investigados son el director de La Modelo, Carlos Augusto Hincapié Franco; el director encargado, mayor Jorge Gama Doza, y la comandante de Custodia y Vigilancia, teniente Elizabeth Vergara Vergara.
«El ente de control investiga la presunta responsabilidad disciplinaria de los directores y la comandante de vigilancia durante los enfrentamientos entre personal de guardia del Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario), y personas privadas de la libertad», detalló la Procuraduría este viernes en un comunicado.
DENUNCIA DE HUMAN RIGHTS WATCH
El pasado 24 de noviembre, Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que señala que las muertes de los presos amotinados fueron «intencionales».
El documento, elaborado por expertos del Independent Forensic Expert Group (IFEG) y el International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) a petición de HRW, señala que «la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar».
Igualmente menciona que «los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas».
El IFEG y el IRCT analizaron los 24 informes de necropsias que emitió el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia.
Además del motín de La Modelo entre la noche del 21 de marzo y la madrugada del día siguiente hubo revueltas en cerca de diez cárceles colombianas.
Entre ellas están las de La Picota y el Buen Pastor, de Bogotá, esta última de mujeres; así como en las de Cómbita, en el departamento de Boyacá (centro); Picaleña, en Ibagué (centro); Jamundí, en el suroeste del país, y Pedregal y Bellavista, en el noroeste.
INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA
El Ministerio Público señaló que «investiga las órdenes impartidas para dar aplicación al Plan de Contingencia y Emergencia que el director general del INPEC socializó el 19 de marzo, y cuyo primer punto hace referencia a las ‘contingencias por amotinamiento de personas privadas de la libertad'».
Todo esto «con la finalidad de verificar si su responsabilidad pudo estar comprometida en los hechos acaecidos el 21 de marzo de 2020» en la cárcel La Modelo.
«El Ministerio Público busca determinar si las presuntas actuaciones constituyen faltas disciplinarias y esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, y el posible perjuicio causado a la administración pública», agregó la información.
AVANCES DE LA FISCALÍA
En abril pasado, la Fiscalía General de Colombia denunció que alias «Romaña», uno de los jefes de las disidencias de las FARC y autor en la década de 1990 de secuestros masivos; así como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron los instigadores de los motines.
En agosto, Human Rights Watch se reunió con el fiscal general, Francisco Barbosa, quien dijo que hasta ese momento no había sido imputado nadie por ese caso.
«El fiscal general sostuvo que los fiscales estaban impulsando tres líneas de investigación distintas sobre la instigación de los motines, las muertes y lesiones, y sobre si los guardias penitenciarios habían empleado fuerza excesiva. Al 13 de noviembre, aún no se habían presentado imputaciones en relación con las muertes o las lesiones», agregó la información.
