La ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) denunció que el Eln, las disidencias de las Farc y otras organizaciones criminales controlan de forma violenta la vida cotidiana de la población en el departamento colombiano de Arauca y el vecino estado venezolano de Apure.
Según un informe documentado divulgado en las últimas horas por la organización humanitaria, los grupos imponen sus propias reglas y, para asegurar su cumplimiento, amenazan a civiles a ambos lados de la frontera colombo-venezolana.
«Los castigos para quienes no obedecen van desde multas hasta trabajo forzado o incluso la muerte. Los residentes viven aterrorizados», puntualiza.
Un equipo de Human Rights Watch visitó Arauca en agosto de 2019 y documentó numerosos abusos tanto del lado colombiano como del lado venezolano de la frontera. Se entrevistaron 105 personas, incluidos líderes comunitarios, víctimas de abusos y sus familiares, actores humanitarios, funcionarios de derechos humanos, funcionarios judiciales y periodistas.
«También enviamos solicitudes de información a autoridades colombianas y venezolanas y consultamos numerosas fuentes de información y documentos», añade.
Human Rights Watch concluyó que los grupos armados controlan a la población civil en Arauca y Apure a través de amenazas, secuestros, reclutamiento de menores, trabajo forzado y homicidios. En Arauca, los grupos también han instalado minas antipersonales y han cometido actos de violencia sexual, entre otros graves abusos.
Dos grupos armados imponen control social sobre los residentes de Arauca: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo guerrillero formado en la década de 1960, y el grupo disidente “Frente Décimo Martín Villa”, que surgió de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP, o FARC) tras el acuerdo de paz de 2016. El grupo disidente a veces se identifica a sí mismo como FARC-EP.
Estos dos grupos también tienen presencia en el estado Apure en Venezuela, donde a su vez operan las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (FPLN). Este grupo, cuyo origen se remonta a la década de 1990, tiene una estrecha relación con las autoridades venezolanas en Apure.
Los grupos armados en ambos países han establecido, e imponen ferozmente, una serie de normas asociadas con las leyes penales que habitualmente sancionan y hacen cumplir los gobiernos. Estas normas incluyen toques de queda; la prohibición de delitos como la violación sexual, el robo y el homicidio; y la reglamentación de actividades cotidianas como la pesca, el pago de deudas y hasta el horario de cierre de bares. En algunas zonas, los grupos prohíben usar cascos a quienes circulan en motocicleta, para que los miembros de los grupos armados puedan verles el rostro a las personas que circulan. Pero los miembros de los grupos armados no cumplen con los mismos estándares. Y extorsionan prácticamente a todos los residentes para quitarles dinero.
Algunas de las normas de los grupos armados están establecidas en un manual de “Normas unitarias de comportamiento y convivencia” que las FARC y el ELN crearon en 2013 antes del acuerdo de paz. En zonas rurales, los guerrilleros también transmiten normas por megáfono o colocando carteles al costado de los caminos.
Como parte de su estrategia para controlar la vida social, política y económica de Arauca, los grupos han cometido en los últimos años cada vez más homicidios, incluso contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. En 2015, cuando las FARC acordaron un cese al fuego en el contexto de las negociaciones de paz, el gobierno registró 96 homicidios en Arauca. Desde entonces, el número de homicidios ha incrementado; hubo 161 homicidios entre enero y fines de noviembre de 2019. Los grupos armados son responsables de la mayoría de estos homicidios, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Human Rights Watch también ha recibido señalamientos creíbles de homicidios perpetrados por grupos armados en Apure, aunque las autoridades venezolanas no han divulgado estadísticas confiables ni completas sobre las muertes ocurridas allí.
En 2019, se hallaron en Arauca al menos 16 cuerpos de civiles junto a notas que daban cuenta de la supuesta “justificación” del asesinato. Por ejemplo, en los textos se acusaba a las víctimas de ser “informantes”, “violadores”, “narcotraficantes” o “ladrones”. A menudo, las notas llevaban la firma “FARC-EP”, lo cual sugiere que la disidencia de las FARC denominada Frente Décimo Martín Villa se atribuye responsabilidad por esos hechos. Los residentes indicaron que en 2018 hubo asesinatos similares.
Los grupos armados en Arauca y Apure también castigan a los residentes con trabajo forzado; los obligan a trabajar de forma gratuita, a veces durante meses, en actividades como agricultura, limpieza de caminos o cocinando en los campamentos de los grupos armados, que suelen estar en Venezuela. Human Rights Watch documentó al menos dos casos de trabajo forzado y recibió señalamientos creíbles de otros tres más. Actores humanitarios, funcionarios de derechos humanos, residentes y víctimas dijeron a Human Rights Watch que es habitual que los grupos armados obliguen a civiles a realizar trabajo forzado incluso por “infracciones” menores.
El ELN y el grupo disidente de las FARC también reclutan a niños y niñas tanto en Arauca como en Apure, según funcionarios de derechos humanos, actores humanitarios y residentes. A menudo, los grupos armados convencen a los niños y niñas con dinero, motocicletas y armas. Varias niñas que lograron salirse de los grupos armados denunciaron hechos de violencia sexual cometidos por guerrilleros, incluidas violaciones y abortos forzados.
En Arauca viven cerca de 44.000 venezolanos; la mayoría llegó a partir de 2015 huyendo de la devastadora crisis humanitaria, política y económica en su país. Muchos de ellos viven en condiciones económicas precarias, duermen en las calles o en asentamientos improvisados, tienen dificultades para ganar dinero, y no tienen acceso a servicios públicos, tales como la atención de la salud que no sea de emergencia. Miles de venezolanos caminan por las rutas con la intención de llegar a destinos como Bogotá, la capital de Colombia. A menudo, desconocen los peligros que existen en el trayecto, incluyendo los posibles abusos por parte de grupos armados.
Los grupos armados también han asesinado a venezolanos. Muchos de ellos llegan a Arauca desde zonas donde no hay grupos armados y desconocen las “normas” impuestas por los grupos. Entre enero y noviembre de 2019, la Policía Nacional de Colombia registró 30 homicidios de venezolanos en Arauca. Varios líderes comunitarios, actores humanitarios y funcionarios de derechos humanos indicaron a Human Rights Watch que muchos de estos venezolanos fueron asesinados por haber violado las “normas” impuestas por los grupos armados.
Los venezolanos también han sufrido abusos que no están directamente vinculados con los grupos armados. Muchas mujeres son sometidas a explotación sexual y coacción para intercambiar relaciones sexuales por dinero. Diversos actores humanitarios han denunciado casos de trata de personas. La xenofobia es un fenómeno muy extendido en Arauca y ha originado algunos incidentes de violencia contra venezolanos, a quienes a menudo los locales culpan por los delitos que ocurren en el departamento.
Las autoridades colombianas han intentado reducir el poder de los grupos armados en Arauca, principalmente enviando militares. No obstante, varias de las unidades militares que hacen presencia en Arauca se concentran en proteger la infraestructura petrolera, que suele ser blanco de ataques de grupos armados, y en numerosas partes del departamento no hay, prácticamente, ninguna protección para los residentes.
La eficiencia de la fuerza pública es especialmente débil en zonas rurales. La presencia policial suele estar limitada a zonas urbanas, mientras que buena parte de la presencia del Ejército en zonas rurales se concentra en la infraestructura petrolera. Un policía indicó a Human Rights Watch que en las zonas restantes los guerrilleros “son la policía”.
Las medidas de protección para los defensores de derechos humanos, los líderes comunitarios y otras personas particularmente expuestas a ataques por parte de grupos armados han sido limitadas. La Unidad Nacional de Protección (UNP) cuenta con un solo funcionario en Arauca, quien se ocupa de asignar esquemas de protección a las personas en riesgo. Esto genera demoras y dificulta la posibilidad de realizar evaluaciones de riesgo exhaustivas y oportunas. La UNP en Arauca no cuenta con protección para sus propios funcionarios, ni tampoco con un vehículo oficial, por lo cual rara vez visita zonas rurales.
Miembros de las fuerzas de seguridad en Arauca también han estado implicados en graves abusos. En un incidente ocurrido en marzo de 2018, por ejemplo, varios soldados dispararon a cuatro civiles que estaban cazando; uno de ellos murió.
Pareciera que los grupos armados tienen mucha más libertad de acción en Venezuela que en Colombia. En numerosas oportunidades, los grupos han trasladado a víctimas secuestradas en Arauca a campamentos y otras instalaciones que tienen en Venezuela. En vez de enfrentarlos, las fuerzas de seguridad venezolanas y las autoridades locales han actuado en connivencia con los grupos armados en al menos algunos casos, según numerosas fuentes que entrevistamos.
La impunidad es la regla. En Arauca, la Fiscalía General de la Nación ha obtenido condenas por apenas ocho homicidios cometidos desde 2017, de un total de más de 400 que están bajo investigación. Ninguna de las ocho condenas se dictó contra un miembro de un grupo armado. Desde 2017, la fiscalía no ha imputado, ni mucho menos conseguido que se condenara, a ningún miembro de un grupo armado por violación sexual, amenazas, extorsión, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado o por el delito de “desaparición forzada”, que conforme al derecho colombiano incluye desapariciones perpetradas por grupos armados.
Las autoridades venezolanas no respondieron a una solicitud de información de Human Rights Watch acerca del estado de las investigaciones sobre presuntos abusos cometidos por grupos armados en Apure. La falta de independencia judicial en Venezuela, sumada al temor generalizado a denunciar delitos, sugieren que la rendición de cuentas por crímenes cometidos por grupos armados en este país sería ínfima, o directamente nula. Teniendo en cuenta las reiteradas denuncias sobre que las autoridades locales y las fuerzas de seguridad en Apure toleran el accionar de los grupos armados y a menudo actúan en connivencia con estos, no hay motivos para presumir que se hayan realizado, ni que se vayan a realizar en el futuro próximo, investigaciones genuinas sobre los abusos que cometen los grupos armados en Venezuela.
La implementación de dos políticas anunciadas en los últimos años por las autoridades colombianas podría tener un impacto decisivo en la situación de derechos humanos en Arauca.
En cuatro municipios de Arauca, el gobierno nacional se ha comprometido a implementar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una iniciativa creada por el acuerdo de paz con las FARC.
Como parte de los PDET, los residentes de los cuatro municipios ya han participado en el diseño de proyectos orientados a que haya más acceso a la justicia, se mejore la protección para líderes comunitarios y se aborden la pobreza y la falta de oportunidades educativas que, durante años, han facilitado que se afianzaran los grupos armados en el departamento. La implementación de estos proyectos en Arauca podría contribuir a contrarrestar el poder de los grupos armados y ayudar a prevenir violaciones de derechos humanos.
Por otra parte, el gobierno anunció en agosto de 2019 que establecería en Arauca una “Zona Estratégica de Intervención Integral”, que actualmente está siendo diseñada. En estas zonas, las autoridades se comprometen a enviar a militares, además de policías, para desarticular a los grupos armados y mejorar la seguridad. Al mismo tiempo, el gobierno apunta a adoptar medidas orientadas a que, en partes más seguras dentro de estas zonas, se mejore el acceso a los servicios públicos y se fortalezcan las instituciones civiles, incluidas las judiciales.
Nuestras investigaciones sugieren que es improbable que la situación en Arauca mejore si el gobierno colombiano sigue enfocando su estrategia en enviar militares, sin al mismo tiempo fortalecer el poder judicial, reforzar la protección de la población y adoptar medidas para asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y servicios públicos. A su vez, la implementación de las disposiciones de los PDET —sobre todo las vinculadas con el fortalecimiento del poder judicial, la protección de líderes comunitarios y la provisión de oportunidades económicas y educativas— podría contribuir a contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de derechos humanos en Arauca.
La creciente presión internacional sobre el régimen de Nicolás Maduro sigue siendo clave para evitar abusos y asegurar la rendición de cuentas en Venezuela. La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, creada en septiembre para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela, debería examinar los abusos perpetrados por grupos armados en Venezuela con la tolerancia o connivencia de las fuerzas de seguridad. A partir de los hallazgos de la Misión y otras fuentes creíbles, las organizaciones internacionales y los gobiernos extranjeros— de América y Europa —deberían aplicar sanciones específicas, como la inmovilización de activos y prohibiciones de viajes, dirigidas a altos funcionarios venezolanos que hayan sido cómplices en abusos cometidos por parte de grupos armados.
Recomendaciones
Al gobierno del presidente Iván Duque de Colombia:
Para prevenir abusos, proteger a las personas en riesgo y promover la rendición de cuentas:
Incluir en la Zona Estratégica de Intervención Integral de Arauca una estrategia de las fuerzas de seguridad que respete los derechos humanos y que esté orientada a proteger a la población civil de la acción de los grupos armados, así como un plan para remover las minas antipersonales empezando por las zonas contempladas en esta política pública.
Brindar mayor apoyo para garantizar la seguridad y la protección de los fiscales e investigadores en Arauca.
Fortalecer la Unidad Nacional de Protección en Arauca asignándole más personal, incluso como parte de la implementación de los denominados Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Diseñar e implementar un plan para prevenir el reclutamiento de niños y niñas tanto colombianos como venezolanos, y fortalecer los mecanismos de prevención existentes en el departamento, entre otras cosas, mejorando el acceso a la educación.
Crear una política que permita a los miembros de los grupos disidentes de las FARC desmovilizarse y sumarse a los programas de reinserción individual.
Trabajar con los gobiernos municipales y departamentales para que los sobrevivientes de hechos de violencia sexual reciban la asistencia y protección que les corresponde conforme al derecho colombiano.
Dar seguimiento a la falta de implementación de las leyes y políticas públicas vigentes relacionadas con la violencia de género en Colombia, enfocándose particularmente en la violencia sexual perpetrada por actores armados.
Garantizar que los PDET se implementen de manera oportuna y plena en Arauca.
Para proteger los derechos de los ciudadanos venezolanos que huyen de la crisis en su país:
Llevar a cabo campañas contra la xenofobia en Arauca, trabajando con autoridades locales, organizaciones de la sociedad civil y la población local.
Dar instrucciones precisas a la policía de Arauca de que debe proteger tanto a los ciudadanos colombianos como a los venezolanos que son blanco de agresiones, secuestros, extorsión, reclutamiento de menores, violación sexual, homicidios y otros delitos, y exigir que rindan cuentas las autoridades que incumplan su deber de hacer valer la ley contra quienes victimizan a migrantes.
Llevar a cabo un estudio exhaustivo para determinar la cantidad total de venezolanos que viven en Arauca y sus necesidades.
A la Fiscalía General de la Nación:
Designar más fiscales e investigadores para que trabajen en Arauca en casos relacionados con el conflicto armado, incluidos homicidios, violencia sexual, reclutamiento de menores, extorsión y amenazas contra defensores de derechos humanos y funcionarios locales.
Incrementar la cantidad de fiscales e investigadores en Arauca que investigan denuncias de corrupción y colusión entre autoridades locales y grupos armados ilegales.
Asegurar protección a todos los fiscales e investigadores en Arauca y brindarles recursos adecuados para que lleven a cabo su trabajo.
Crear una unidad especial para investigar posibles casos de trata de personas con fines de explotación sexual, así como la coerción contra trabajadoras sexuales y otras personas que son obligadas a intercambiar sexo por dinero, incluyendo mujeres y niñas venezolanas.
A las agencias humanitarias de Naciones Unidas:
Diseñar e implementar planes para prevenir el reclutamiento de niños y niñas colombianos y venezolanos en Arauca y Apure.
Buscar fondos de donantes internacionales para atender las necesidades de la población civil de Arauca y Apure mediante un plan integral para asistir a personas afectadas por el conflicto armado, con particular atención a las poblaciones en alto riesgo de abuso o explotación, incluidos, entre otros, ciudadanos venezolanos desplazados fuera de su país.
A la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela:
Investigar la colusión de las fuerzas de seguridad venezolanas en abusos cometidos por grupos armados en Venezuela, incluidos hechos perpetrados por el ELN, las FPLN y la disidencia de las FARC en Apure, como parte del mandato de la Misión de investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ocurridos en el país desde 2014.
A los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y América Latina, y a la Unión Europea:
Imponer sanciones específicas, incluidas restricciones de viajes y la inmovilización de activos, dirigidas a altos funcionarios venezolanos que, según la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU e informes creíbles de otras organizaciones internacionales, sean cómplices en abusos cometidos por grupos armados en Venezuela.
Colaborar con el gobierno colombiano para brindar asistencia humanitaria adicional a colombianos y venezolanos en riesgo en Arauca.
Tomado de Radio Santa Fe
