Manila, 14 oct – El acoso, la intimidación y el hostigamiento a través de Facebook contra jóvenes activistas en Filipinas se ha intensificado bajo la presidencia de Ferdinand Marcos Jr., denuncia este lunes Amnistía Internacional (AI).
En su informe, titulado «‘Convertí mi miedo en coraje’: etiquetado rojo y violencia estatal contra jóvenes defensores de derechos humanos en Filipinas», AI detalla cómo el gobierno usa la desinformación y la ley antiterrorista, en especial la que atañe a la insurgencia comunista, contra los activistas.
«El gobierno está etiquetando a activistas y otras voces críticas y los identifica como objetivos para perseguirles en internet. Sin embargo, en Filipinas, el problema no sólo afecta al acoso en línea; También se traduce en daños tangibles fuera de internet», afirma Damini Satija, directora de Tecnología de AI.
En una serie de entrevistas a jóvenes activistas, la oenegé expone cómo esa clasificación mediante las leyes contra el terrorismo crea un clima de «clima de miedo y autocensura», que en muchos casos les empuja a abandonar sus campañas.
La práctica de las «etiquetas rojas», que las autoridades usan para clasificar a individuos u organizaciones como comunistas, subversivos o terroristas, aumentó durante la anterior legislatura del presidente Rodrigo Duterte (2016-2022), quien tras fracasar su negociación de paz con la guerrilla comunista desató desde 2018 una campaña militar de persecución.
Tras el cambio de gobierno, Marcos Jr., quien asumió el poder en junio de 2022, ha intensificado los ataque contra opositores a través de Facebook, a pesar de los intentos de su administración de presentarse como más respetuosa en los derechos humanos.
Uno de los grupos más notorios en el uso de este mecanismo en Facebook es el gubernamental Grupo de Trabajo Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Comunista Local, en cuyo perfil publica nombres y fotografías de jóvenes activistas a los que acusa, frecuentemente de manera infundada, de ser «terroristas» o de estar asociados con grupos armados.
Conforme a las leyes actuales, las autoridades pueden detener a sospechosos por terrorismo sin orden judicial ni cargos formales durante un máximo de 24 días.
Entre los ejemplos, AI destaca el de Hailey Pecayo, de 21 años y miembros de la oenegé KARAPATAN, a quien en 2022 el Ejército investigó como terrorista, una acusación que fue desestimada al año siguiente.
«Las autoridades filipinas deben detener de inmediato su campaña represiva y cesar cualquier forma de intimidación, acoso, amenazas o ataques contra los activistas de derechos humanos», remarca Satija.
La directora de AI denuncia que Meta, propietaria de Facebook, desempeña «un papel facilitador», en un país donde el 95 % de los 115 millones de habitantes tiene un perfil activo en la citada red social, e incumple sus directrices de «eliminar el contenido que incita al odio y la violencia».
Desde 1969, el enfrentamiento entre el Ejército filipino y la guerrilla comunista Nuevo Ejército del Pueblo ha causado la muerte de entre 30.000 -según el Ejército- y 45.000 -de acuerdo con varias oenegés- personas en esta contienda, la rebelión comunista vigente más longeva del mundo.
EFE