La plataforma Europa-Perú organizó este martes un debate en el Parlamento Europeo para denunciar el impacto de la minería ilegal en América Latina y pedir el respeto de los derechos humanos en las zonas afectadas.
Los ponentes criticaron las políticas económicas de la «mayoría» de los países latinoamericanos, que «priorizan» la explotación de los recursos naturales «sin ningún tipo de control ni fiscalización» y generan, como consecuencia, «conflictos sociales, ambientales y territoriales entre los Estados y las comunidades locales».
La directora de la ONG CooperAcción, Julia Cuadras, señaló que América Latina se ha convertido en el punto «más atractivo» para las grandes corporaciones que se dedican a la explotación minera porque «los marcos normativos son muy débiles y están diseñados para atraer las inversiones a costa de la salud de la gente».
«Los productos que se están utilizando para la extracción de minerales, como el cianuro, afectan extensos territorios y comunidades en Sudamérica», denunció Cuadras, quien critica que Europa «no piensa en el impacto que estas excavaciones tienen en Sudamérica».
El eurodiputado Miguel Urbán (Unidas Podemos) coincidió con Cuadras y criticó que «el Parlamento Europeo solo aprueba cosas que no son vinculantes» y «pone palos en las ruedas para poder crear un tratado vinculante que actúe sobre las multinacionales que no respeten los derechos humanos».
El eurodiputado socialista Ibán García del Blanco, propuso que «Europa deje de mirarse el ombligo» y utilice instrumentos ya existentes «como Mercosur» para medir el respeto medioambiental y a los derechos humanos de los países que conforman dicho acuerdo comercial.
«La solidaridad y el pronunciamiento de Europa es fundamental para la lucha de estos pueblos», explicó el Director Ejecutivo de la ONG Fedepaz, Davod Licurgo, que defiende y asesora legalmente a activistas y defensores de los derechos humanos en Perú.
Según Licurgo, el estado peruano «criminaliza a las poblaciones que protestan contra la minería ilegal» a través de «soluciones de tipo militar», que buscan «castigar y desacreditar» a aquellos que protestan.
Una de las víctimas de esta actuación estatal es Virginia Pinares, miembro del Frente de Defensa y por el Desarrollo de Cotabambas (Perú) para quien la justicia peruana pide 11 años de cárcel debido a su papel en las protestas.
«No estamos en contra de la minería, lo que pedimos es una que sea responsable», precisó Pinares, quien lamenta que a los activistas medioambientales se les trate «como terroristas».
El eurodiputado popular Leopoldo López, que inauguró el debate a través de un vídeo, advirtió de que la «irregularidad» de la industria minera en Latinoamérica «se ha convertido en un problema regional en toda la Amazonía» que promueve la «vulneración constante de los derechos humanos» y una «escalada de la violencia».
EFE
