Bangkok, 17 mar – La junta militar de Birmania acusó de traición, un delito castigado con la muerte bajo la ley marcial, a Dr Sasa, nombrado enviado especial para la ONU por un puñado de diputados electos que han conformado un legislativo paralelo.
Un tribunal birmano emitió el lunes una orden de arresto contra el político a petición del Ejército, que el 1 de febrero terminó con la incipiente democracia en Birmania al asestar un golpe de Estado, por alentar una campaña de desobediencia civil, pedir sanciones internacionales e instar al derrocamiento de los militares.
En un comunicado posterior, Dr Sasa, quien se encuentra fuera del país, aseguró que se mantendrá «en el lado del pueblo birmano» y que dará su vida por «la libertad, la democracia y la justicia».
El representante birmano denunció que los militares llevan décadas cometiendo delitos como «la tortura, trabajos forzados, intimidación, violaciones y asesinatos» contra el pueblo birmano.
«Los generales que me acusan de traición son los mismos que ordenan a los soldados matar en las calles del país a civiles desarmados (…) Ellos cometen actos de traición cada día», señala Dr Sasa, no reconocido como enviado a la ONU por el poder militar.
Dr Sasa fue nombrado por el Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión (CRPH), que agrupa a parte de los diputados electos en los comicios de noviembre y que no pudieron asumir formalmente sus escaños por la sublevación militar del 1 de febrero.
Más de 200 personas han muerto, al menos dos de ellas el martes, durante la brutal violencia de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones en rechazo al poder del Ejército, que ya gobernó el país con puño de hierro entre 1962 y 2011, conforme a los datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) publicados este miércoles.
«Acudiremos a los tribunales internacionales para lograr de una vez por todas justicia para el pueblo de Birmania», sentencia el enviado especial.
A pesar de la violencia, miles de birmanos continúan tomando a diario las calles del país para reclamar a los militares la restauración de la democracia.
Por su parte, 488 organizaciones de la sociedad civil de Birmania expresaron en la víspera su «profunda decepción con la falta de acción del Consejo de Seguridad de la ONU» por no denunciar en la reunión del 10 de marzo el golpe de Estado protagonizado por los militares o hablar de posibles medidas en respuesta al mismo.
Las oenegés condenaron la posición de China, Rusia, India y Vietnam, miembros del actual consejo, que se opusieron a que la ONU tomara una postura más firme contra el sublevamiento militar.
«La inacción de la comunidad internacional y la protección de China, Rusia, India y Vietnam con los militares no solo los envalentonará aun más para cometer graves crímenes -incluidos de lesa humanidad- con total impunidad, sino que también hará caso omiso de imperio de la ley», indica el comunicado conjunto.
Los uniformados justifican el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de la depuesta líder Aung San Suu Kyi y que fueron calificados de legítimos por los observadores internacionales.
