Es claro que la implementación del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) afronta las dificultades propias de un proceso de tal magnitud, ya que es un pacto con la guerrilla mejor armada, más antigua y poderosa del continente, una guerrilla que durante años tuvo presencia en una vasta extensión del territorio nacional e incluso, se había convertido, en algunas poblaciones, en la única autoridad ante la ausencia total del Estado; de otro lado, es necesario recordar que en varias ocasiones negociaciones con dicha guerrilla fracasaron ante la falta de voluntad de ambas partes, y lo que es más grave aún, por la intervención de actores externos que hasta hoy, no han sido determinados y que incluso llegaron prácticamente a exterminar el partido político de las FARC, denominado Unión Patriótica, en lo que se puede considerar el mayor genocidio en el mundo, por causas asociadas a la política.
Por lo anterior, no deben causar extrañeza las dificultades que afrontó la negociación y que sigue enfrentando en la implementación de los acuerdos, ya que la desconfianza entre las partes es comprensible. No obstante lo anterior, los avances alcanzados hasta la fecha con el Acuerdo de Paz son irrefutables y por ello no se entiende la resistencia que aún persiste frente al mismo por parte de una porción importante de la población colombiana. Desde el inicio mismo de la negociación se empezó a gestar un movimiento de resistencia hacia el proceso de paz, y diversas voces, algunas con un claro oportunismo político, pero igualmente otras con razones más que suficientes como en el caso de las víctimas, presentaron objeciones de manera permanente.
Es necesario recalcar que en un Estado democrático uno de los valores de mayor relevancia es precisamente el respeto a la diferencia y el reconocimiento de los opositores del gobierno de turno y es por ello que la resistencia al proceso de paz podría considerarse normal, sin embargo, existen algunos hechos que ponen en tela de juicio la actuación de los contradictores del proceso, especialmente la de los oportunistas políticos. Al respecto, debe recordarse que en el gobierno anterior se adelantó una negociación que terminó con la desmovilización de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia y es importante evaluar dicha negociación para poder entender por qué tanta intransigencia frente al proceso con las FARC y tanta complacencia, o al menos tan poca resistencia, frente a la negociación con los paramilitares.
En primer término, es necesario traer a colación algunas estadísticas que presenta el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica frente al conflicto en Colombia, en el que se observa que frente a asesinatos colectivos, el 38,4 % es atribuible a las AUC y el 16,8 % a las guerrillas; frente al desplazamiento forzado, el paramilitarismo es responsable del 70 % y las guerrillas del 15 %; los paramilitares realizaron el 58,9 % de las masacres y las guerrillas el 17,3 %; y en lo referente a las desapariciones el 41,8 % se atribuye a las AUC y el 2,3 % a las guerrillas. En todos los casos los demás porcentajes se distribuyen entre agentes del Estado, delincuencia común y actores no identificados. Igualmente es de resaltar que se habla de 52 años de accionar de las guerrillas y de aproximadamente 25 de violencia paramilitar, es decir, que en solamente la mitad del tiempo de existencia de la guerrilla, las denominadas AUC cometieron cuatro veces más delitos que esta.
Y es precisamente por lo descrito en el párrafo anterior que no se entiende la animadversión hacia uno solo de los actores del conflicto, en este caso las guerrillas, y el silencio, casi cómplice, hacia el actuar de los grupos de autodefensas; seguramente algunos pensarán que es lógica dicha posición de la sociedad civil frente a los actores irregulares del conflicto, ya que supuestamente las autodefensas actuaron para proteger a la población del accionar guerrillero, lo que no es más que un eufemismo, ya que igualmente existen evidencias de que los grupos guerrilleros nacen como respuesta a la exclusión, la discriminación y la violencia ilegal por parte del Estado, e igualmente se ha demostrado que en la mayoría de los casos, las AUC actuaron para defender y extender el modelo feudal de acumulación de la tierra en manos de unos pocos terratenientes.
Es de aclarar que no se trata de una defensa a ultranza del accionar guerrillero, lo que se pretende es develar el porqué de una resistencia acérrima al Acuerdo de Paz con las guerrillas y una aceptación casi que total frente al acuerdo con los grupos paramilitares, más aún, cuando este último proceso se realizó de espaldas al país, nunca se puso en conocimiento de la sociedad civil lo pactado y mucho menos se llevó a las urnas la posibilidad de avanzar o no con el mismo. Y sea este el momento de expresar que de igual manera hubiera votado favorable frente a dicha negociación.
Asimismo, se debe recordar que igualmente el Gobierno cedió frente a las pretensiones de las autodefensas en materia de justicia, que también se presentaron disidencias, hoy denominadas «bandas criminales», que también se apoyó económicamente a los desmovilizados, que incluso, al día de hoy, después de más de diez años, solamente han reparado al 5 % de las víctimas y no han entregado ni siquiera la mitad de sus bienes, sin embargo, no se presentó durante la negociación ni en la implementación del acuerdo con las AUC, una resistencia tan intransigente como la que se presenta frente al Acuerdo de Paz con las FARC, y es ahí donde precisamente nace el interrogante que dio génesis al título del presente artículo, ¿será que nuestro ADN posee genes paramilitares?
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