VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA (4 ABR 2024) – En una decisión que resalta la seriedad con la que se manejan los delitos graves cometidos por menores de edad, un adolescente de 17 años ha sido sometido a medida de internamiento preventivo tras aceptar los cargos por el homicidio de otro joven de su misma edad en Yotoco, Valle del Cauca. Este caso, que se desarrolló bajo la supervisión de un juez de control de garantías, pone de manifiesto la trágica realidad de la violencia juvenil en la región y el compromiso de las autoridades por asegurar la justicia.
El menor fue aprehendido en flagrancia por personal de la Policía de Infancia y Adolescencia en el barrio La Inmaculada, tras ser acusado de involucrarse en una riña el pasado 30 de marzo, durante la cual habría atacado con un arma cortopunzante a la víctima. El ataque resultó en lesiones que llevaron a la muerte del joven en un centro asistencial poco después del incidente.
La Fiscalía General de la Nación procedió a imputar al adolescente por el delito de homicidio agravado. La decisión del juez de control de garantías de ordenar el internamiento preventivo en un centro especializado para adolescentes refleja la intención de las autoridades de brindar un tratamiento adecuado que busque la rehabilitación del menor, a la vez que se responde de manera firme ante actos de violencia letal.
Este caso no solo resalta los desafíos asociados con la delincuencia juvenil en Colombia, sino que también subraya la importancia de las intervenciones dirigidas a prevenir la violencia entre los jóvenes, ofreciéndoles alternativas constructivas para resolver conflictos sin recurrir a la violencia.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
