Las Palmas de Gran Canaria (España), 6 feb – ¿Cómo se le pide a un menor que lleva años manteniendo a su familia que vuelva a ser un niño? ¿Cómo se le convence de que no podrá trabajar en años cuando su familia se lo gastó todo en su viaje? ¿Cómo se maneja la frustración que sigue al miedo de la patera? Los centros de menores inmigrantes de las islas españolas de Canarias (Atlántico) lidian a diario con ello y, a veces, saltan chispas.
La decisión de Marruecos de pedir explicaciones al embajador de España en Rabat, Ricardo Díez-Hochleitner, por un vídeo ampliamente difundido por whatsapp de la Policía interviniendo de forma expeditiva en un centro de menores inmigrantes no acompañados de Las Palmas de Gran Canaria, capital de la isla de Gran Canaria, donde se había reclamado su presencia por un incidente violento con un residente, ha puesto de nuevo el foco en estos jóvenes.
El Gobierno de Canarias tutela en este momento a 2.700 chicos extranjeros que aseguran ser menores de edad, repartidos en una red de 27 centros de acogida, la mayoría creados con carácter de emergencia en 2020, ante la llegada masiva de pateras. De ellos, en al menos 600 casos la Dirección General de Protección de la Infancia tiene serias dudas de que se trate de realmente de menores.
Uno de los casos que se cuestiona es, precisamente, el del protagonista del incidente del vídeo, un joven que amenazó con unas tijeras a un educador, señala a Efe la directora general de ese departamento, Iratxe Serrano.
«Nuestros centros, nuestros educadores están perfectamente preparados para gestionar la situación con niños, con chicos de hasta 18 años. Los conflictos como este los generan casi siempre adultos que se hacen pasar por menores», explica Serrano. El problema es que la llegada de inmigrantes del último año fue de tal magnitud que hay un enorme atasco en las pruebas óseas de determinación de la edad: 2.016 están pendientes.
Serrano está muy preocupada por casos en los que sospecha que el presunto menor supera incluso los 30 años, porque cree que bajo ningún concepto debería estar en sus centros, entre otras cosas porque su influencia no es buena para los verdaderos adolescentes. Pero, quitando los supuestos que protagonizan esas personas, precisa, los incidentes que ocurren en los centros no suelen pasar de «riñas y peleas», algo normal en todo grupo de convivencia.
LOS CENTROS DE MENORES
«Siempre ha habido conflictividad en los centros de menores. Quienes llegan a hogares de protección, no solo chicos extranjeros, también nacionales, llegan por circunstancias personales, económicas, incluso de salud mental muy importantes. Están en protección», asegura a Efe la juez de Menores Reyes Martel.
Esta magistrada procura imprimir normalidad a sus palabras, porque recuerda que en las familias también hay conflictos entre hermanos. «Y en este caso hablamos de chicos de países diferentes, que llegan cada uno con su realidad y que se ven viviendo todos en un mismo hogar, con educadores que no son su padre ni su madre, sino unos extraños a los que se van a tener que acostumbrar. Es una realidad mucho más compleja de lo que se está hablando».
«En los centros de menores esto es normal, suele haber peleas, altercados», coincide el presidente de la Federación de Asociaciones Africanas de Canarias (FAAC), Mame Cheikh Mbaye. «En la actualidad lo están haciendo visible en los medios por otras razones, pero es normal. Los profesionales que trabajan en los centros saben que a veces hay problemas porque no dejan salir a un menor. Y los menores que acaban de llegar o llevan poco tiempo están frustrados y no lo aceptan. No es nada nuevo».
Este joven senegalés de 31 años sabe de lo que habla. A su condición de portavoz de la comunidad africana en las islas suma su experiencia de tres años como director de un centro para menores inmigrantes en Gran Canaria, sus investigaciones universitarias en la materia y el hecho de que varios hogares siguen recurriendo a su mediación, porque los chicos africanos confían en él y lo respetan.
Mbaye señala un primer problema: España tiene un proyecto de atención a menores que necesitan protección, pero no está adaptado a los menores extranjeros. Y un chico de 12 años de Marruecos, Senegal o Mali, subraya, tiene poco que ver con un niño español.
«En Senegal y muchos más países, los menores empiezan a trabajar muy pronto, participan en la economía de la familia, mientras que aquí hasta los 18 años tú estás con tus padres, protegido. Los menores africanos son más maduros en ese sentido, han vivido circunstancias más duras. Y, además, la patera es una experiencia súper súper difícil que les hace madurar más», explica.
LA IDEA DE TRABAJAR
La mayoría de esos chicos no quiere seguir en Canarias, pretende continuar su viaje a otros países europeos, generalmente a Francia, por la afinidad del idioma. Y vienen con una idea fija: trabajar.
«Aquí no pueden hacerlo, porque son menores. Eso lo complica ya todo, porque aquí, al llegar, las instrucciones que reciben son que tienen que estudiar, tienen que seguir normas, normas, normas… Y no es lo que buscaban», explica. Muchos conflictos, añade, surgen de esa frustración, de esa sensación de encierro.
Los casos más graves llegan a despachos como el de Reyes Martel. «La mayoría de ellos vive esto como una prisión, quieren seguir a Europa. A mí me han dicho: señora juez, yo no quiero estar aquí».
Se necesita tiempo, precisa la magistrada, para convencerlos de las ventajas de adaptarse, de que merece la pena invertir en formarse, de que así ayudarán mejor a su familia, si eso es lo que se espera de ellos.
Reyes Martel tiene varios ejemplos de que compensa darles una oportunidad, de los que cita uno: un chico de Guinea Conakry que acabó en su juzgado por varios conflictos, un chaval casi analfabeto que resultó ser un superdotado «que se comía los cursos de dos en dos, hoy es ingeniero naval y dedica su tiempo libre a ayudar en comedores de Cáritas. Devuelve lo que recibió».
«Estos chicos tienen una fuerza increíble, son el futuro. Seamos egoístas, son ellos los que nos pueden ayudar como país», añade.
UN APOYO CONSTANTE
Con frecuencia, resulta difícil. El sociólogo Teodoro Bondyale, secretario de la FAAC, acaba de mediar con un adolescente que protagonizó unos destrozos en el norte de Gran Canaria y se quedó estremecido con lo que le dijo: «Me fui de Marruecos porque allí no me querían. He descubierto que aquí tampoco me quieren».
«Un menor que desde los 8 años ha cuidado de su familia se rebela cuando aquí lo tratan como a un niño», dice Bondyale, que está profundamente preocupado por «el estigma» que se está poniendo sobre los menores marroquíes en estos momentos en Canarias.
La clave, apunta su compañero Mbaye, es no rendirse con los chicos, por mucho que desafíen las normas, por más que abusen de su conocimiento de que «en España no les pueden pegar, no les pueden gritar, no les pueden echar siendo menores». El problema, dice, es que a veces los educadores tiran la toalla y no ven otra salida para corregirlos que presentar denuncias ante la Policía o la Fiscalía.
Y eso, advierte, lo complica todo, porque pueden comenzar a cargarse con una historia penal. La juez Martel está de acuerdo, aunque con matices: «Es cierto que judicializamos problemas que son de protección, pero tenemos medidas para corregir esa situaciones y conseguir que sigan con su vida normal, sin antecedentes».
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