La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) advirtieron este martes a la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la impunidad en los casos que la justicia colombiana lleva por ejecuciones extrajudiciales, conocidas como «falsos positivos».
En una presentación virtual, los organismos presentaron una «nota de impunidad» en el examen preliminar que desde 2004 la CPI realiza sobre Colombia y dentro del cual monitorea al menos 5.736 ejecuciones extrajudiciales.
El presidente del Cajar y vicepresidente de la FIDH, Reynaldo Villalba, manifestó que «no hay avances en las investigaciones y juzgamiento contra civiles, agentes estatales y empresarios financiadores» de este tipo de crímenes, ni contra «altos servidores del Estado» involucrados en los «falsos positivos».
«Le pedimos a la Corte Penal Internacional que insista con la JEP (Jurisdicción Especial de Colombia) y todos los tribunales de Colombia para que apliquen los Estatutos de Roma, en particular lo relativo a las cadenas de mando», añadió Villalba.
La Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5.000 casos de «falsos positivos» que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.
De estos, la JEP ha recibido información de 2.200 casos que, por el momento, se encargará de juzgar.
DEFICIENCIAS VIGENTES
Según la Cajar, los principales obstáculos que tienen las víctimas para acceder a la justicia, tanto en los tribunales ordinarios como en la JEP, es que aún no ha sido condenado ningún alto mando militar por estos hechos.
El único caso que había avanzado era el del general retirado Mario Montoya, excomandante del Ejército, que quedó suspendido en la justicia ordinaria cuando el oficial fue admitido por la Jurisdicción Especial para la Paz.
En febrero, Montoya declaró por primera vez ante la JEP, comparecencia calificada por las víctimas como «una burla» por su falta de respuestas.
Montoya, que dirigió el Ejército entre 2006 y 2008 durante la Presidencia de Álvaro Uribe, es el militar de más alto rango que rinde su versión ante este tribunal por las ejecuciones de civiles que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate.
ALGUNOS AVANCES
Pese a las críticas, las organizaciones sociales destacaron avances en la JEP como la «ampliación de la participación de las víctimas» en 237 versiones voluntarias y audiencias de observaciones.
Igualmente, valoraron la exhumación de 54 cuerpos de una fosa del cementerio de Dabeiba, municipio del noroeste del país donde la JEP dijo en diciembre que podría haber más 50 víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
En ese sentido, en diciembre pasado, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) pidió a la JEP proteger 16 sitios de Colombia en los que se cree que pueden estar sepultadas víctimas de los «falsos positivos».
EFE
