Fueron afectados con fines de extinción de dominio 13 vehículos que estarían a nombre de integrantes de la organización ilegal.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
ANTIOQUIA, COLOMBIA, (8 SEP 2024) – La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la SIJIN del Departamento de Policía de Antioquia, logró un importante golpe contra la estructura criminal de ‘Los Pachelly’ al afectar su patrimonio ilícito con la ocupación de 13 vehículos. Estos bienes, presuntamente utilizados para realizar cobros extorsivos a comerciantes y transportadores en los municipios de Bello, San Félix, San Pedro de los Milagros y otras localidades de Antioquia, fueron adquiridos desde 2017, mientras la organización delincuencial realizaba sus actividades ilícitas.
Entre los vehículos ocupados se encuentran una volqueta, una camioneta, motocicletas y automóviles, cuyo valor preliminar podría superar los 500 millones de pesos. Las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro fueron impuestas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, lo que implica que los bienes quedarán bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Las evidencias presentadas por la Fiscalía permitieron vincular estos automotores con el accionar delictivo de ‘Los Pachelly’, grupo que ha estado involucrado en extorsiones, control territorial y otros delitos en la región antioqueña.
Este golpe representa un avance significativo en la lucha contra la estructura criminal y busca debilitar sus fuentes de financiamiento a través de la afectación de su patrimonio ilícito.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
