Antioquia, Colombia, 27 septiembre de 2022.- Comunidades campesinas de diferentes veredas denuncian que, como en los tiempos de la seguridad democrática, grupos paramilitares estarían patrullando junto con miembros del Ejército Nacional las zonas rurales de Remedios y Segovia.
Y es que no se entiende cómo, a pesar de que se ha venido denunciando la ubicación de varios retenes en El Aporriado, El Diamante, La Cachamera y la Ye, aún siguen intactos y controlados por la estructura “Jorge Iván Arboleda Garcés” de las AGC.
SE LES ADVIRTIÓ
Es de recordar que el retén ilegal de El Aporriado está ubicado a 20 o 30 minutos de Segovia y lo denunciamos en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República celebrada el pasado 17 de septiembre en el municipio de Segovia, Antioquia.
Allí, ante el brigadier general Oscar Leonel Murillo Díaz, de la VII División, y el comandante de la Policía Antioquia, coronel Daniel Horacio Mazo, alertamos sobre los irregulares comportamientos de la Fuerza Pública en la zona. Esta estancia paramilitar en estas zonas fue una de las razones que le costaron la vida al líder defensor de los Derechos Humanos, Elmer Lenin Guerra, tras haber sido secuestrado y posteriormente asesinado en el retén El Aporriado.
¿Hay connivencia entre la Fuerza Pública y los ilegales? ¿Por qué no han sido desinstalados los retenes ilegales?
Como lo habíamos denunciado, de nada ha servido, ni servirá, el Puesto de Mando Unificado –PMU- realizado por el Secretario de Seguridad Humana de la Gobernación de Antioquia, si al interior de la Fuerza Pública no se hacen los cambios trascendentales que permitan acabar con cualquier posible nexo que permita el avance paramilitar.
El plan de las AGC para tomarse y rodear al Nordeste de Antioquia sigue sin ninguna oposición del Estado.
En alto riesgo se encuentran las comunidades de veredas de Remedios como: Altos de Manila-Cancha Manila, Anacoreto, Belén, Bominas, Cañaveral, Carrizal, Camelias, Camelias 2, Campo Bijao, Caño Tigre, Cristalina, Cruz Bajitales, Chorro Lindo, Chorro de Lágrimas, Dos Quebradas, El Carmen-Conocida como Rancho Quemao, El Piñal, El Popero, El Porvenir, El Puna, El Retiro, El Recreo, El Río, El Silencio, Juan Brad, La Argentina, La Ceiba, La Cruz, La Gorgona, La Sianurada, La Terminal, Las Palomas, Lejanías, Las Guaguas, Los Lagos, Maní Santana, Martaná, Mata Arriba, Mulatos, Ojos Claros, Otú, Panamá Nueve y caserío Mina Nueva, Paso de la Mula, Platanares, Plaza Nueva, Puerto Nuevo Ité (Coperativa), Quintana, Río Bagre, Santamarta, Ité, Y de Segovia: Campo Alegre, Cañaveral Chicamoqué, El Aporriado, El Bagre, El Cenizo, El Diamante, Helechales, Las Guaguas, Fraguas- Machuca, Mata, Manzanillo, Marmajito, Quebradona, Santa Isabel de Amará y la zona que el IGAC toma como Baldíos de la Nación.
En este momento, comunidades de varias veredas reportan que cerca de Mina Nueva, del municipio de Santa Rosa del Sur de Bolívar, hay varios comandos de la estructura “Erlin Pino”, “Héroes del Caribe” y “Luis Alfonso Echavarría”, de las AGC, patrullando la zona, muy cerca de donde hay fuerte presencia del Ejército Nacional.
Lo que le parece extraño a la población es que nunca se cruzan. Estos frentes paramilitares son los que se opondrían a una eventual negociación con el Gobierno Nacional.
El interés marcado por todas las rutas de movilidad, los corredores estratégicos y las millonarias rentas, producto de la explotación de oro, son las principales ventajas estratégicas que quieren aprovechar los actores ilegales.
La alerta temprana de la Defensoría del Pueblo N°023-2022 asegura que no son solo las AGC las que generan un riesgo, también esta zona del país ha sido de interés permanente de todos los grupos armados. Confluyen los frentes del Ejército de Liberación Nacional -ELN- “Darío Ramírez Castro”, Frente “José Antonio Galán”, “Compañero Tomás”, “Héroes y Mártires de Anorí”, “Capitán Mauricio”, “Guamocó”, Frente “Edgar Amilkar Grimaldo” Compañía “María Eugenia Vega” y compañía móvil “Anorí”, en alianza con las disidencias de las Farc.
De seguir aumentando la presencia de las AGC, que cada vez se hace más fuerte, podrían registrarse homicidios selectivos, masacres, amenazas contra la población, reclutamientos forzados y restricciones a la movilidad. Además, hay un riesgo inminente de desplazamiento forzado de la vereda Mina Nueva. La zona es una bomba de tiempo en la que se cuecen incursiones armadas que podrían afectar a la población.
Existen graves denuncias sobre la supuesta cercanía de las AGC y la Fuerza Pública que deben ser investigadas de inmediato por los Altos Mandos del Ejército Nacional y la Policía Nacional.
Claro, investigar y actuar, porque de nada sirve tener información y no hacer nada, que es lo que ocurre con la institucionalidad, que tiene certezas de la presencia y ubicación de los ilegales, pero teme actuar. O le han dado la orden de no actuar. O no quiere.
Al oído del Presidente Gustavo Petro: ¿Cuáles son los cambios que se impartirán en el Nordeste para evitar una mayor crisis humanitaria?
A.U.
