Agricultores y mineros, preocupados por grave situación humanitaria en El Bagre, Antioquia

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La Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó, Aheramigua, denunció a través de un comunicado la grave situación humanitaria que vive el municipio de El Bagre, Antioquia, por cuenta de los actos cometidos por los grupos paramilitares, quienes tienen el control generalizado de la región.

Para los agricultores y mineros, las autoridades nacional, departamental y local son responsables por los hechos ocurridos en la región, “ya que, pese a las constantes denuncias que Aheramigua ha hecho, a los informes de riesgo emitidos por la Defensoría del Pueblo, a las preocupaciones manifestadas por la ONU y otros pronunciamientos hechos por la comunidad nacional e internacional, siguen los asesinatos selectivos y persecuciones a pobladores y líderes sociales.

La agremiación recordó que desde hace más de un año en el Bajo Cauca antioqueño se viene presentando una guerra entre los grupos paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, o Clan del Golfo y Caparrapos, quienes durante los últimos años habían sido aliados en las actividades de narcotráfico, minería ilegal y persecución de población vulnerable, líderes sociales y defensores de DDHH.

Producto de esa disputa, el pasado 24 de diciembre en horas de la madrugada, 25 personas resultaron heridas luego de que una granada fuera activada en la taberna en donde se encontraban celebrando la fecha.

Puso de relieve la asociación que el 4 de noviembre pasado, Alex Sánchez Murillo, coordinador del área de Tierra y Territorios de Aheramigua, recibió un mensaje de texto al celular con el siguiente contenido: “ojo con lo que hace no queremos saber de izquierdistas y los declaramos objetivo militar cuide a su familia”. Desde esa época, Sánchez ha sido sujeto de seguimientos y ha tenido que desplazarse en diversas ocasiones.

Otra situación anormal se presentó el 16 de octubre, en la vereda El Real, por la salida norte de El Bagre, en la que se presentaron combates entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo, resultando muertos cinco presuntos paramilitares.
Veinte días antes, la noche del 27 de septiembre, en la cabecera municipal, se presentaron combates entre los grupos paramilitares Caparrapos y Clan del Golfo, en los que resultó herido un agente de la Policía Nacional cuando llegaba a atender la situación.

El conflicto, según la comunidad afectada, ha dejado como resultado nefasto más de 120 asesinatos en los últimos tres meses, más de 32 en la zona comprendida entre el Bagre y el corregimiento Puerto Claver.

Finalmente, el 14 de agosto Daniel Rizo salió desplazado de Nechí, Antioquia, por las amenazas que el Clan del Golfo y el Eln hicieron en su contra a causa de su liderazgo en la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

Por lo tanto, Aheramigua exige en el comunicado al Gobierno Nacional que garantice la seguridad de la comunidad y de los líderes sociales desmantelando a los grupos paramilitares que actúan en la región; al Ministerio del Interior y Unidad Nacional de Protección, la implementación de las medidas de protección colectivas solicitadas por Aheramigua para la región; al Gobierno local, departamental y nacional llevar a cabo las medidas pertinentes que brinden garantías de efectividad de los Derechos Humanos a la Vida, la integridad personal, libertad y seguridad, al trabajo y al acceso a la justicia; a la defensoría del pueblo, a la procuraduría y a todos los organismos de control, se investiguen los hechos aquí denunciados, en los que podrían haber funcionarios públicos involucrados; y a la Fiscalía General de la Nación, sean investigados penalmente los actores responsables de los hechos aquí denunciados.

La Asociación remata el comunicado solicitando a los organismos internacionales encargados de velar por los Derechos Humanos intervenir con carácter urgente y exigir soluciones inmediatas al Estado colombiano; a la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos el acompañamiento a estas regiones golpeadas por los actores armados; a la comunidad Nacional e Internacional y a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos se pronuncien frente a la situación.

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