Buenos Aires, 29 junio.- Amnistía Internacional (AI) celebró este martes que el Poder Judicial argentino haya rechazado la mayoría de las denuncias que buscaban declarar la incostitucionalidad de la ley del aborto tras casi seis meses de ser sancionada.
A un día de cumplirse medio año desde que se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se registraron 31 acciones legales para dar de baja la normativa que fue aprobada el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de este año.
De ese total, 27 denuncias trataron de que la Justicia argentina declare a la ley 27.610 como inconstitucional e incluyeron apartados donde demandaban al Estado nacional y a los Estados provinciales.
Por el momento, 15 de estas causas fueron consideradas como “inadmisibles”, 3 de ellas tuvieron una sentencia firme y otras 3 se encuentran «paralizadas hace meses», según indicó el documento de AI.
“La tendencia de rechazos a las acciones iniciadas da cuenta de la poca permeabilidad del Poder Judicial a las embestidas que buscan derribar la ley. Por lo tanto, celebramos que la Justicia esté actuando como garante de un derecho consagrado en nuestro sistema legal”, dijo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Argentina, Mariela Belski, en el comunicado.
Por otra parte, el organismo de derechos humanos comenzará a brindar canales de contacto para que las personas puedan denunciar en caso de toparse con posibles “barreras” para acceder a la IVE.
QUIÉNES ACCEDEN A UN ABORTO
De acuerdo con la ley, cualquier persona con capacidad de gestar tiene derecho a decidir la interrupción de su embarazo hasta la semana 14 inclusive y sin necesidad de explicar motivo alguno.
También pueden acceder a un aborto, más allá de ese plazo y como ya estaba aceptado antes de la ley, las personas cuyo embarazo sea producto de una violación o para las que corra peligro la vida o su salud.
La ley se aplica todo el país de forma gratuita y las instituciones sanitarias tienen un plazo máximo de 10 días corridos para realizar la intervención quirúrgica.
En el caso de menores de edad, la ley consideró que mayores de 16 años poseen plena capacidad para ejercer su derecho, mientras que los adolescentes a partir de los 13 años pueden dar consentimiento si no afecta su salud.
Los menores de 13 años deben contar con la asistencia de sus padres o representantes legales.
En el país suramericano 1.938 menores de 15 años dieron a luz en 2019, al tiempo que 8 de cada 10 de esos embarazos no fueron intencionales, según fuentes del Ministerio de Salud Nacional.
