Managua, 29 enero.- Al menos 49 indígenas fueron asesinados en la región Caribe de Nicaragua en 2020, debido a conflictos de tierras, según un informe divulgado este viernes por organizaciones defensoras de los derechos humanos.
“Entre las víctimas hay miskitos, mayagnas, ramas, de diversos pueblos indígenas del Caribe”, dijo a Efe Lottie Cunningham, directora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), que elaboró el informe junto con el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi).
El informe también reportó que aproximadamente un millar de indígenas miskitos han sido desplazados de manera forzada hacia otras comunidades, algunas fronterizas con Honduras, así como 46 casos de secuestro, 4 desapariciones, 49 personas lesionadas, 8 heridos en ataques armados y 2 niñas agredidas.
Según el informe, “estos actos son cometidos por actores no estatales bajo la aquiescencia estatal, que no investiga los hechos”.
Como consecuencia, tanto las comunidades raizales, como los defensores de sus derechos “se encuentran sometidos a constantes amenazas por parte de colonos (invasores no nativos), quienes incursionan en tierras indígenas con el objetivo de desplazar a la población, ocupar sus tierras y llevar a cabo actividades ilegales de minería, siembra de marihuana, ganadería y tala de madera”, detalló el documento.
Agregó que la titulación de 304 comunidades en 23 territorios indígenas no ha detenido la toma de tierras en Nicaragua, debido a que las autoridades no controlan a los invasores, y tampoco implementa las medidas cautelares extendidas en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) a 12 comunidades indígenas miskito y una mayagna.
Lo anterior, más una “grave inseguridad alimentaria entre los indígenas privados de sus tierras y medios de vida”, estarían generando “un inminente etnocidio, por el exterminio que están sufriendo estos pueblos indígenas de Nicaragua”, subrayó la investigación.
Las organizaciones que elaboraron el informe recomendaron al Gobierno de Nicaragua “garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de las personas y comunidades defensoras de los derechos indígenas” en la cuenca del Rio Coco (Wangki) y de la Reserva de Biosfera Bosawás, en el noreste del país.
También instaron a las autoridades permitir investigaciones “independientes, inmediatas, exhaustivas e imparciales en torno a los hechos de asesinatos, ataques a la integridad física, amenazas y desplazamientos forzados”.
Demandaron además “poner fin de manera inmediata a todo tipo de ataques, actos de hostigamiento, amenazas e intimidación contra las personas y comunidades defensoras de los derechos indígenas”, e implementar “de manera urgente” las medidas cautelares de la CIDH y la Corte-IDH.
Las comunidades indígenas del noreste de Nicaragua están entre las más pobres y aisladas del país.
