Bogotá, 19 feb (EFE).- Entre 2016 y 2020 fueron asesinados 753 líderes sociales en Colombia y el año pasado fue el más violento contra los defensores de derechos humanos con 182 crímenes, informó este viernes la Defensoría de Pueblo.
El organismo señaló en un informe que entre 2016 y 2020 también hubo «4.281 conductas vulneratorias» contra líderes sociales, de las cuales 3.184 fueron amenazas, 753 homicidios, 193 atentados, 31 desplazamientos forzados, 26 casos de retención arbitraria, 13 desapariciones forzadas, 13 secuestros, ocho casos de estigmatización, y 10 de destrucción de bienes.
Igualmente fueron víctimas de «otro tipo de hechos violentos que afectan sus derechos a la vida, libertad, integridad personal y seguridad».
Los principales afectados por esta violencia fueron los líderes comunales (707), seguidos de dirigentes indígenas (624), comunitarios (616), líderes de víctimas (564), activistas de derechos humanos (367), líderes de campesinos y agrarios (336), de afrodescendientes (250), servidores públicos (218), sindicalistas (176) y mujeres (126), entre otros.
VIOLENCIA EN 2020
El año pasado, la Defensoría registró 979 «conductas vulneratorias en contra de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos», de las cuales 607 fueron amenazas, 182 homicidios, siete secuestros, 51 atentados, cinco retenciones arbitrarias, 13 desplazamientos, dos desapariciones forzadas, dos imposiciones de normas de conducta y 22 casos de otro tipo de hechos violentos.
Los asesinatos del año pasado ocurrieron en 103 municipios de Colombia y el 50 % de los casos se concentró en los departamentos de Cauca, Nariño y Chocó, en la región Pacífica, y en Antioquia (noroeste), cuatro zonas donde la violencia se ha recrudecido en los últimos años.
«Estos territorios en donde se concentran los homicidios a líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos coinciden con los departamentos en los cuales se ha emitido un mayor número de advertencias debido a la existencia de escenarios de riesgo asociados a la lucha por el control territorial entre grupos armados organizados», agregó la Defensoría.
El documento fue elaborado con acciones de «monitoreo y registro» que ejecutan 43 personas especializadas que hacen «las labores de levantamiento y análisis de información» en las regiones, así como por siete analistas nacionales «que consolidan los resultados» que llegan de todo el país.
Igualmente hay «un analista nacional dedicado exclusivamente al acompañamiento, análisis, seguimiento y evaluación de la situación de líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos».
La Defensoría entregó este informe a la Fiscalía General de la Nación, que es el organismo encargado de investigar estos crímenes.
EFICACIA PARA JUZGAR LOS CRÍMENES
La representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, abogó a principios de mes por que las instituciones del Estado tengan mayor articulación para investigar y juzgar a los responsables de asesinatos de líderes sociales.
«Es muy importante que las instituciones del Estado estén coordinadas para investigar y juzgar eficazmente todos los casos de asesinatos, amenazas y ataques contra defensoras y defensores, líderes y lideresas sociales en Colombia», dijo la representante.
