Bogotá, 22 septiembre.– Al menos 81 líderes sociales, políticos y comunales fueron asesinados durante el primer semestre de 2020 en Colombia, periodo en el que se registraron 248 hechos de violencia contra ellos, según lo reveló este martes la Misión de Observación Electoral (MOE) en un informe.
El documento señala que aunque las cifras de agresiones reflejan una reducción del 2 % en comparación con las del mismo periodo en 2019, cuando se registraron 253, la situación sigue siendo «muy preocupante, pues muestra que la violencia no cesa, ni se ve reducida sustantivamente».
Pese a esa pequeña disminución de hechos violentos, los asesinatos aumentaron con respecto a los primeros seis meses del año anterior, cuando se documentaron 61.
«Lo que este informe nos muestra es que lo que está pasando es una tragedia en términos locales. Cada día son mayores los ataques a los liderazgos que trabajan por transformar la realidad de sus comunidades. Si no tomamos medidas urgentes, nos vamos a quedar sin líderes», declaró la directora de la MOE, Alejandra Barrios.
El organismo destacó además que durante la primera parte de la cuarentena obligatoria por la pandemia del coronavirus, entre el 25 de marzo hasta 11 de mayo, la violencia se redujo en un 50 %, lo que no afectó el total de los hechos documentados entre enero y junio y «evidencia que la violencia el resto del tiempo (sin confinamiento) fue mayor que en 2019».
«Tuvimos dos picos de violencia: el mes de enero, donde se presentaron 62 hechos, (…) pero el 12 de mayo, lamentablemente empieza a incrementarse de una manera muy fuerte la violencia contra los diferentes liderazgos», explicó Barrios.
El organismo señaló que en el primer semestre de 2020, el fenómeno de violencia contra los líderes siguió la misma tendencia que en años anteriores y se concentró en los departamentos de Cauca, Arauca, Norte de Santander, Antioquia y Córdoba.
LÍDERES SOCIALES EN LA MIRA
Los liderazgos más afectados fueron los activistas sociales que sufrieron el 50 % de los hechos de violencia.
«Si bien la violencia contra estos ha ido en aumento, lo más preocupante fue la letalidad de las agresiones, pues el número de asesinatos contra ellos se incrementó en un 85 %», subrayó la MOE.
Respecto a las amenazas, el organismo encontró que en el periodo evaluado estas disminuyeron en un 24 %, lo que significa que «en la medida que los líderes sociales no tienen margen de negociación, debido a que representan los intereses comunitarios, los de sus vecinas y vecinos, sus voces son silenciadas por parte de los actores que buscan el control de los territorios».
Los líderes políticos fueron el segundo tipo de liderazgo más afectado con 89 casos registrados, seguido de los 35 hechos de violencia cometidos contra los líderes comunales.
AGRESIONES FOCALIZADAS
El organismo además pidió «una vigilancia particular» a la situación de los liderazgos étnicos, víctimas del 13 % de los hechos violentos registrados, especialmente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Chocó.
La MOE alertó también que el tipo de violencia que se ejerce contra las lideresas presenta una tendencia creciente y está asociada a una violencia estructural de género.
«Las agresiones a las lideresas son particularmente preocupantes, pues se convierten en una medida de disuasión contra otras mujeres a participar en los espacios de toma de decisiones y gobierno», advirtió Barrios.
LLAMADOS AL ESTADO
Según la MOE, de los 81 asesinatos, 52 se presentaron en territorios donde deberían desarrollarse los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), «lo que significa que el 64,2 % de los asesinatos se dieron en zonas priorizadas por el Estado para evitar los focos generadores de la violencia».
El organismo aclaró que la presencia de grupos armados ilegales en 73 de los 109 municipios en los que se registraron agresiones no constituye la única causa de la violencia contra los líderes, por lo que resulta indispensable avanzar hacia el reconocimiento de otros actores e intereses detrás de la violencia.
«La MOE nos alerta sobre los riesgos de la violencia para la democracia. El informe aporta elementos fundamentales para entender las dinámicas de violencia que tanto afectan el tejido social en los territorios», subrayó sobre el informe la embajadora de la Unión Europea, Patricia Llombart.
EFE
