Bogotá, 19 abril.- Las instituciones del acuerdo de paz de Colombia alertaron este lunes que 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC han sido asesinados en el país desde el 1 de diciembre de 2016, por lo que pidieron a la Defensoría del Pueblo elaborar un informe que trace el camino para evitar estos crímenes.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, aseguró que la vida de los excombatientes y de los líderes «está en altísimo riesgo por cuenta de las amenazas, homicidios, desapariciones, secuestros, desplazamientos y otros ataques» de los que han sido víctimas desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.
La petición que hace el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -creado por el acuerdo de paz- busca además que se «adopte una resolución defensorial en la que formule recomendaciones a las instituciones del Estado, con enfoques diferenciales y perspectiva territorial, y fije la hoja de ruta para detener esta tragedia humana».
«Las tres entidades del Sistema Integral (la JEP, la Comisión para la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas) presentan conjuntamente la petición porque los atentados contra quienes participan activamente en el proceso de paz anulan el presupuesto indispensable para su cabal desarrollo: la confianza», expresó el magistrado.
ALARMANTE SITUACIÓN
Según el informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, en un principio contabilizó que entre el primero de diciembre de 2016 y el último día del año pasado 864 líderes fueron asesinados, de los cuales cerca de la mitad realizaban tareas que ayudaban a materializar la implementación del acuerdo de paz.
«Luego de realizar el proceso de deduplicación, contrastación y verificación de registros proporcionados por otras instituciones y organizaciones, el sistema de monitoreo arrojó una cifra aún más escalofriante, de 904 casos», detalló Cifuentes.
En el caso de los excombatientes que se acogieron al acuerdo de paz, la UIA registró 276 asesinatos que fueron perpetrados entre el primero de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2021, de los cuales 43 ocurrieron en 2017, 66 en 2018, 86 en 2019, 69 en 2020 y 12 este año.
De esos crímenes, 253 fueron cometidos contra personas que comparecían ante la JEP como es el caso de Juan de Jesús Monroy, también conocido como «Albeiro Suárez» y líder de reincorporación en el céntrico departamento del Meta, que fue asesinado a tiros en octubre del año pasado, algo que minó la confianza de su comunidad.
También han sido reportadas 571 desapariciones en el contexto del conflicto armado desde que se firmó el acuerdo de paz, según un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que fue citado durante el acto.
IMPORTANCIA DE LA PETICIÓN
El magistrado Cifuentes explicó que a la Defensoría del Pueblo le corresponderá establecer «el grado de cumplimiento, desarrollo e idoneidad de las acciones y políticas públicas a cargo del Estado, dimanantes del acuerdo, con el fin de precisar si su ausencia o deficiente implementación pueden explicar la situación de violencia».
En su opinión, esto propiciará la creación de un instrumento objetivo que permita ejecutar «los correctivos necesarios» que faciliten «la efectiva protección y respeto de los derechos humanos» de los excombatientes y de los líderes sociales.
«La solicitud que hacemos a la Defensoría es una solicitud de actuar con oportunidad, en el marco de su mandato, pero convocar y hacer que el Estado en su conjunto responda de manera decidida frente a una situación dramática», detalló, por su parte, la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón.
El presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Roux, mostró su preocupación porque «hay una destrucción de la confianza generalizada» porque «al asesinar a un líder social la comunidad se rompe, se refugia y se generan los confinamientos que estamos viviendo, y esto se sigue repitiendo».
Las poblaciones más afectadas por estas situaciones viven en los convulsos departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Nariño y, según De Roux, «llevan a que muchos regresen a las armas, a que los campesinos por falta de oportunidades tomen el camino de la guerra porque se sienten seguros en ella».
RESPUESTA DEL DEFENSOR
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, que participó en la entrega del informe de forma telemática, celebró la iniciativa porque entiende que la idea es «aportar en la caracterización de los entornos y situaciones que ponen en riesgo los derechos y las libertades fundamentales de los líderes sociales» y los «excombatientes de las FARC y sus familias».
«Vemos en estas iniciativas la posibilidad de continuar desarrollando acciones de gran impacto que aporten estratégicamente en la tarea de lograr la garantía efectiva del goce de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en el territorio colombiano», aseveró el funcionario.
