Alcalde de Barrancabermeja señalado de pagar por votos durante jornada electoral

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Foto extraída de enlacetelevision.com

Las investigaciones dan cuenta de que también habría comprometido cargos públicos y entregado material de construcción.

Junto al funcionario también fueron judicializados su hermano y un concejal de la ciudad.

Fiscalía General de la Nación,
FGN

BARRANCABERMEJA, COLOMBIA, (14 SEP 2024) – La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, por su presunta participación en un esquema ilegal de compra de votos durante las elecciones locales del 29 de octubre de 2023. Según la investigación, el mandatario, en complicidad con su hermano Maycol Brandon Vásquez Gómez y el concejal Ariel de Jesús Zambrano González, habría ofrecido 100.000 pesos, cargos públicos y materiales de construcción a cambio de votos a favor de su candidatura y la de otros aliados políticos.

Las pruebas recopiladas indican que el día de las elecciones se alquilaron 17 inmuebles cerca de los puestos de votación, conocidos como ‘casas amigas’, donde se distribuyeron refrigerios, agua y se coordinó el pago de los ciudadanos que aseguraban su voto. A los votantes se les habría solicitado presentar fotografías del tarjetón marcado para confirmar que habían elegido a Vásquez Gómez y sus aliados, lo que les permitía recibir el dinero prometido.

Para controlar el proceso, se habrían usado fichas de colores y sellos para evitar que los votantes cobraran varias veces. Además, representantes de diversas comunidades habrían sido contactados para movilizar a los electores, ofreciéndoles cargos públicos y otros beneficios a cambio de su colaboración.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los tres procesados los delitos de concierto para delinquir y constreñimiento al sufragante. Ninguno de los acusados aceptó los cargos.

A.U.


La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.