Desde hace más de una década, la ONG Corpades ha mostrado —y demostrado— con pruebas contundentes que el crimen urbano que está asentado en la ciudad Medellín va más allá de ser simple delincuencia común; es un crimen organizado que ha tenido como característica principal, a partir de la incursión en la ciudad de los paramilitares de Urabá a finales de la década de los 90, de combinar paramilitarismo y mafia. Desde eso las bandas han mutado hasta convertirse en verdaderas empresas del crimen y actores contrainsurgentes en la ciudad metropolitana.
No cabe duda de que alias Don Berna, como jefe visible, mas no el único, le dio un salto cualitativo y cuantitativo a las más de 350 bandas, a los jefes de las oficinas que agrupaban parte de ellas y logró empoderarlos en sus territorios con poder económico, militar, padrinos políticos y protección oficial. Los convirtió en subjefes y jefes intermedios de La Oficina, al servicio de la junta directiva de la Oficina del Valle del Aburrá, la fachada que representa a los clanes mafiosos del nunca desaparecido Cartel de Medellín.
Las bandas ya tienen patrones que las dirigen, las controlan y las someten a sus designios. No son díscolas, como las catalogaba Jesús Ramírez, cuando era secretario de Gobierno en la administración de Alonso Salazar.
Aun así, a las bandas les dan libertad de acción mientras no riñan con la estrategia trazada, que está basada en los pactos con sectores importantes de la legalidad tanto del poder formal (administración municipal, fuerza pública, Fiscalía, entre otros), como el del poder real (empresariado, políticos, mafiosos legalizados). Los patrones del crimen han puesto a sus ejércitos armados al servicio de la estrategia de seguridad compartida en el Medellín metropolitano.
Casos como el de la llamada “Donbernabilidad” o “Paratranquilidad urbana” —que no ha sido el único pacto realizado— así lo demuestran. A Medellín le pintan la cara todo el tiempo, gastando miles de millones de pesos para cubrir las enfermedades que la carcomen: desigualdad creciente, pobreza, marginalidad, corrupción, avaricia, criminalidad y violencia, protección oficial y, por ende, nómina paralela del crimen, entre otras.
Ninguno de los últimos alcaldes ha querido reconocer los males que la aquejan. Todos se han ido por las ramas utilizando las verdades a medias como herramienta para justificar el fracaso en las políticas de inversión social, seguridad y convivencia.
Los burgomaestres desconocen la alianza criminal entre lo legal e ilegal que forjó el proyecto Orión (sembrar de paramilitares a Medellín); pacto de la “Paratranquilidad urbana” dado entre 2004 y finales de 2007, que trajo la cacareada pero mentirosa reducción de homicidios, la Corporación Democracia como brazo político de La Oficina, la guerra dentro de esta, la llegada de Los Urabeños, el accionar de las Convivir, la explotación sexual de menores, las apuestas ilegales, el control territorial de las estructuras paramafiosas y sus bandas, las vacunas, el pagadiario, el lavado de activos, las casas de tortura, la desaparición forzada y el Pacto del Fusil.
Pero algo diferente se mueve este año, al parecer el nuevo alcalde, Federico Gutiérrez, ha iniciado sus tareas con pie derecho en materia de seguridad y convivencia, ha reconocido varios hechos que sus antecesores pasaron de agache y que deben ser tenidos en cuenta.
Uno de los principales es la existencia del Pacto del Fusil y las falencias en la reducción de homicidios por el aumento en la desaparición —producto de los acuerdos entre criminales—; eso ha llevado a que se desenmascaren las mentiras (verdades a medias) a las que nos tenían acostumbrados ciertos generales en el Valle del Aburrá, como es el caso del mayor general José Ángel Mendoza Guzmán. ¿Se podrá confiar la seguridad de tres departamentos a través de la Regional 6 de la Policía, a quién miente descaradamente?
El nuevo alcalde también ha reconocido que aquí se venía ocultando la realidad a través de la promoción de cifras acomodadas por conveniencia política.
Federico Gutiérrez deja en claro que Medellín no es como la pintan, ya que bajan supuestamente los homicidios pero aumentan los hurtos, las vacunas, las desapariciones…
Mirándolo a los ojos, Federico Gutiérrez
En parte es cierto lo que dice, sin embargo, debemos insistir que hay mucho más en lo concerniente a tan complejo tema. Permita que le nombremos algunos de los hechos que conocemos en Medellín:
- Operan dos estructuras paramafiosas de corte nacional, la Oficina del Valle del Aburrá y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas como los Urabeños o Clan Úsuga.
- Urabeños y Oficina han celebrado, desde julio de 2013, el Pacto del Fusil, para reorganizar el crimen en el Valle del Aburrá. Las dos tienen el control de las 350 bandas que operan en la ciudad y controlan la mayoría en el resto de la ciudad metropolitana.
- Hay presencia del crimen trasnacional a través del Cartel de Sinaloa.
- Directa o indirectamente, en Medellín paga vacuna la ciudadanía.
- El pagadiario ha esclavizado a miles de personas en la ciudad y va en aumento.
- El tráfico de drogas interno se expande. Son más de 1000 plazas, sin contar la megaplaza del barrio Antioquia, las plazas móviles y las cocinas instaladas en la periferia de la ciudad.
- Las 35 organizaciones de las Convivir, afianzan su poder en comuna 10 (Centro) y han cambiado su forma de operar.
- La explotación sexual de menores crece por culpa del turismo sexual.
- Hay protección oficial y nómina paralela, incluso se han detectado bandas de policías activos y retirados que están involucrados con la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas.
- Se presentan falsos positivos por parte de miembros de la Policía.
- La penetración y la cooptación de una parte del Presupuesto Participativo por parte del crimen es real.
- La penetración de las estructuras paramafiosas en muchas organizaciones sociales y comunitarias ya no se puede desconocer.
- El padrinazgo al crimen por parte de un sector de la clase política.
- La injerencia y el dominio territorial por parte de bandas organizadas desde municipios como Bello e Itagüí.
Faltaría enumerar más, por ejemplo, las casas de tortura, el POT criminal, el lavado de activos, la trata de personas, el tema de los migrantes que están siendo escondidos en bodegas y casas de la ciudad para luego trasladarlos a Urabá, en su paso hacía los Estados Unidos, entre otros.
Esperamos que usted, señor alcalde, mirando a los ojos de la ciudadanía siga empeñado en la premisa que enarboló en la campaña electoral: “Mi concepto de seguridad es de seguridad integral. La seguridad no es de izquierda ni de derecha. En Medellín los grupos criminales pueden hacer los pactos que quieran pero mi responsabilidad es combatirla”.
Solo nos queda desearle la mejor de las suertes y decirle abiertamente y sin tapujos que esperamos contribuir a que Medellín sea forjadora de paz urbana y cuna del inicio del posconflicto.
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