La gestión de la emergencia causada por el coronavirus tomó tinte de crisis política en Colombia donde alcaldes y gobernadores se resisten al presidente Iván Duque por desautorizar sus decretos de aislamiento y toques de queda para contener la pandemia.
Colombia se mira en el espejo de Italia y España para que el COVID-19, del que ya hay 108 casos en el país, no se propague con rapidez y de manera autónoma, y en la carrera por evitarlo las autoridades regionales han chocado con el poder presidencial.
Numerosos gobernadores y alcaldes de capitales tomaron medidas de excepción para mantener a la gente en casa, como el toque de queda o el simulacro de aislamiento obligatorio de cuatro días que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pondrá mañana en marcha, lo que fue interpretado por la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, como una extralimitación de funciones.
«La gestión en buena medida del tema la tienen las autoridades locales y regionales pero muchas veces sienten que tienen que manejar los impactos, pero no la gestión de la crisis», dijo a Efe el analista político Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario.
DECRETO CONTROVERTIDO
La respuesta del Ejecutivo a las normas de las autoridades locales fue el decreto 418, expedido ayer, que establece medidas transitorias para dictar normas en materia de orden público, y recuerda que éstas deben se concertadas con el Gobierno nacional, desautorizando así a los alcaldes y gobernadores que se le habían adelantado con medidas que restringen la circulación de personas.
«Hay una desconexión total entre lo que el Gobierno está planteando y lo que está pasando en las regiones, incluido Bogotá», añadió Jaramillo, quien considera que «una cosa es lo que diga la ley y otra cosa es la aspiración de autonomía» de algunas regiones colombianas en un sistema absolutamente centralista.
El decreto sentó mal porque parte de la ciudadanía entiende que las autoridades locales actuaron movidas por el bien común ante una amenaza sin precedentes como es el COVID-19, y la respuesta mayoritaria fue una especie de desobediencia civil contra el Gobierno, es decir acatar el recogimiento en casa y salir solo para lo indispensable.
«Si el Gobierno no es capaz de proteger a sus ciudadanos, como alcalde de La Ceja juré proteger su vida (…) Prefiero ir a la cárcel que ver morir a mis padres, a mi hija Guadalupe que viene en camino, a mi esposa y a la gente de mi pueblo», dijo Nelson Carmona Lopera, regidor de esa localidad del departamento de Antioquia (noroeste).
LLAMADO A LA UNIDAD
El procurador general, Fernando Carrillo, terció en la controversia y pidió no enfrascarse en una discusión sobre quién manda porque «el enemigo a derrotar entre todos es el virus que sigue propagándose en Colombia y contra el cual debemos actuar temprana y drásticamente».
«Hoy más que nunca debemos estar unidos todos, sin que sea admisible anteponer debates de competencia que impliquen derogatorias de medidas territoriales que pueden ser aún coordinadas con el Gobierno nacional», añadió Carrillo.
Algunos ciudadanos fueron más allá y promovieron anoche un cacerolazo que aunque no tuvo la resonancia de los de noviembre pasado contra la política económica y social de Duque, mostró que no todos aplauden las medidas tomadas por su administración contra el COVID-19 por considerarlas insuficientes.
MEDIDAS RESTRICTIVAS
Duque ha tomado medidas como la suspensión de clases presenciales en escuelas y colegios, el cierre de fronteras, la prohibición de ingreso de extranjeros y de reuniones de más de 50 personas o la clausura temporal de bares y discotecas, pero le critican que siga permitiendo la llegada de vuelos internacionales cuando la mayoría de los contagiados tienen en común viajes recientes a España o Italia.
Justamente hoy, el mandatario anunció la suspensión por 30 días del ingreso de viajeros procedentes del exterior, incluidos colombianos, medida que entrará en vigor a las cero horas del lunes 23 de marzo.
Tras la controversia causada por el decreto presidencial, Duque restó importancia a la situación y aseguró que lo que se busca «es que las medidas locales vayan de la mano con el Gobierno» y que se garantice «que los servicios que son necesarios se puedan desarrollar con el Gobierno nacional».
«Aquí no hay ni peleas ni ningún deseo de quitarle competencias a nadie. Aquí no hay espacio para vanidades ni para disputas, la colaboración de todos es fundamental», expresó Duque en una aparente respuesta a la alcaldesa de Bogotá quien ayer le dijo: «Este no es momento de competencias y vanidades infantiles sino de cuidarnos».
EFE.
