Bogotá, 14 de diciembre de 2022.- Comunidades del departamento colombiano del Chocó (oeste) alertaron sobre el «grave riesgo» que enfrentan por la incursión de grupos ilegales y enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN, así como por un «paro armado», a pesar del anuncio de «alivios humanitarios» en esa zona hecho el lunes por esa guerrilla y el Gobierno colombiano en Caracas.
La alerta la hizo el Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), según el cual el pasado lunes hubo una «incursión de un grupo armado ilegal a la comunidad de Negría (…) ubicada en el municipio de Istmina».
Durante la incursión, «el grupo armado atacó a disparos a dos personas de la población civil, asesinando a Santiago Felipe Cáceres, un joven de 28 años perteneciente a la comunidad de Negría. La otra persona que fue atacada está actualmente en riesgo y buscando salvaguardar su vida, agregó esa organización en un comunicado.
A LA ESPERA DE «ALIVIOS HUMANITARIOS»
Esto sucede pese a que uno de los primeros acuerdos alcanzados en Caracas tras la reanudación de los diálogos entre el Gobierno y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue «un sistema de alivios humanitarios para garantizar el retorno de población desplazada y poner fin a situaciones de confinamiento» en el Medio Calima (Valle del Cauca) y el Medio San Juan (Chocó) a partir de enero.
Además, miembros de las también denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), grupo heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hicieron requisas agresivas a todas las personas y casas de la comunidad, según el comunicado de Acadesan.
«Las situaciones descritas generaron pánico y graves afectaciones psicosociales a la comunidad», alertó el Consejo comunitario, que también aseguró que la totalidad de la comunidad -50 familias- se desplazó este martes hacia San Miguel e Istmina.
El comunicado de Acadesan añade que esperan que el anunciado «alivio humanitario» sea seguido «en el muy corto plazo por un anuncio de cese al fuego multilateral que involucre a todos los actores y grupos armados en confrontación: AGC, ELN y fuerza pública».
Esta es la tercera vez que la comunidad de Negría vive un desplazamiento forzado este año y también han vivido múltiples confinamientos impuestos por los grupos o por el miedo a los enfrentamientos o a amenazas si salen de su territorio.
A esto se suma el anuncio del «paro armado» a partir de la tarde del jueves, lo que lleva a las comunidades a ser poco optimistas con su futuro a pesar de los anuncios hechos por la cúpula del ELN en Caracas.
«Hemos confirmado con fuentes en terreno el paro armado del ELN, que empezaría mañana, en las comunidades de los ríos San Juan, Sipí, Cajón y Calima, en Chocó», informó el director asociado en funciones de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, Juan Pappier.
RESPUESTA DEL GOBIERNO
El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, rechazó la posibilidad de un paro armado y dijo que el Gobierno ha «actuado bajo los mecanismos que tenemos con el ELN para que nos den una respuesta al respecto».
«Lo que le podemos decir a las comunidades negras e indígenas es: entendemos la conflictividad que ocurre en ese territorio pero el Gobierno nacional está actuando conforme lo acordado con el ELN para resolver este tipo de asuntos, pero además decirles que el Gobierno estará de manera presencial en esos territorios para enfrentar estas amenazas», manifestó Rueda a periodistas.
El funcionario añadió que el ELN debe obrar con «coherencia» porque «si estamos en una escenario de paz, debería considerar que ese tipo de comunicaciones en nada benefician la confianza que ellos deberían ganar en la opinión pública», aunque los diálogos de paz se hagan «en condiciones de conflictividad armada».
EFE
