La Alianza Colombia Libre de Fracking, compuesta por tres organizaciones del Magdalena Medio, emitió la alerta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a que se han aprobado pruebas piloto de fracking de carácter científico. La Alianza dice no haber sido tenida en cuenta y tampoco a la comunidad.
Los voceros piden a la comisión que recomiende al Estado de Colombia cumplir con la obligación de proteger y garantizar el derecho de acceso a la información y a la justicia de las comunidades para proceder en acciones como:
- Dar cumplimiento al derecho de acceso a la justicia y la información, conforme al contenido y alcance establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
- Abstenerse de expedir cualquier tipo de reglamentación que no esté directamente relacionada con la pandemia de Covid-19, especialmente frente a una actividad altamente riesgosa, mientras estén suspendidos los términos judiciales.
- Suspender toda actividad tendiente a la implementación del desarrollo de yacimientos no convencionales en el país, entre tanto se generan las condiciones necesarias para acceder a toda la información necesaria y a la rama judicial, en los términos establecidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Según la alianza, el tribunal ha permitido avanzar con los pilotos, pese a que la rama judicial se encuentra parcialmente cerrada y el proceso en el que se declaró una moratoria judicial al fracking en el Consejo de Estado, se encuentra suspendido.
Óscar Sampayo, vocero de la Corporación Regional Yariguíes de Barrancabermeja y el Magdalena Medio, quien representa a una de las tres organizaciones pertenecientes a la Alianza Colombia Libre de Fracking, dijo que falta acceso a la justicia.
“Ante la falta de acceso a la justicia para poder controvertir jurídicamente los decretos y las normativas, alertamos a la comunidad internacional, ya que aquí en Colombia se está generando una imposición minero-energética”, aseguró.
Por otra parte, Sampayo aseguró que el Ministerio de Minas y Energía sacó otros términos y en menos de cuatro meses se generó la normativa y la resolución para desarrollar estos proyectos pilotos. “Nosotros como sociedad civil y como Alianza Libre de Fracking no hemos tenido la oportunidad de controvertir esos documentos. Nosotros queremos generar consensos y decirle no a este tipo de práctica en el territorio”.
Los voceros de las tres organizaciones del Magdalena Medio pertenecientes a la alianza (Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – Cordatec, Corporación Regional Yariguíes, Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales del Magdalena Medio y Asociación Sembremos Juntos), hacen un llamado a la opinión pública para rechazar esos proyectos, que según la alianza, atentan contra los derechos de los ciudadanos del Magdalena Medio, de la naturaleza y de las próximas generaciones.
Finalmente, la alianza espera el pronunciamiento de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Tomado de Radio Nacional
