Alias Calero habría hecho parte del grupo armado que interceptó a la víctima y le disparó frente a su lugar de residencia.
Fiscalía General de la Nación,
FGN
VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA (18 OCT 2024) — Un juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario para Diego Mauricio C. M., alias Calero, presunto integrante de las disidencias de las FARC, por su participación en el homicidio del líder campesino José Antonio Lozano Puentes. Este crimen ocurrió el pasado 22 de febrero en zona rural de Palmira, Valle del Cauca.
Alias Calero es señalado de pertenecer desde 2002 a la estructura Adán Izquierdo de las disidencias, y de formar parte del grupo armado que interceptó a la víctima frente a su vivienda. Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los agresores intimidaron a Lozano con fusiles y le dispararon en múltiples ocasiones, causándole la muerte.
Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con el apoyo del Ejército Nacional y la Policía Nacional, capturaron a alias Calero en el corregimiento de Tenjo, también en Palmira. Posteriormente, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.
El legado de José Antonio Lozano
José Antonio Lozano Puentes era un reconocido defensor de derechos humanos y miembro de la junta directiva de la Asociación Agropecuaria de Pequeños y Medianos Campesinos El Barranquero, en la vereda La Quisquina, Palmira. Su liderazgo en la defensa de los derechos de los campesinos y su activismo en el Valle del Cauca lo convirtieron en un referente dentro de su comunidad.
La Fiscalía General de la Nación sigue avanzando en las investigaciones para esclarecer el crimen y llevar a la justicia a todos los responsables.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.