La Fiscalía, en articulación con Policía Nacional y personal del Ejército Nacional, capturó a Yenny Joheli Pai Castillo, alias Chapi o Alejandra, durante una diligencia de registro y allanamiento en un inmueble ubicado en zona rural de Tumaco (Nariño), por su presunta responsabilidad, en calidad de coautora, en el homicidio de una lideresa social de la zona pacífica nariñense.
Esta investigación, desarrollada bajo los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para esclarecer homicidios y otros hechos delictivos que atentan contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, permitió judicializar a esta mujer, quien al parecer hacía parte del Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) Óliver Sinisterrra, con injerencia delictiva en Tumaco.
El homicidio de Lucy Itayosara Villarreal Herrera, lideresa social y de cultura del departamento de Nariño, acreditada por la ONU, fue perpetrado el 23 de diciembre de 2019 en el corregimiento de Llorente, jurisdicción del citado municipio, donde un hombre que se movilizaba como parrillero en una moto se bajó, ingresó a una empresa de transporte en la que se encontraba la víctima y, sin mediar palabra, le disparó varias veces y le causó la muerte.
El ente acusador tiene evidencias que indican que como presunta integrante del Gaor Óliver Sinisterra, alias Chapi estaría bajo el mando de alias Gringo, quien habría ordenado a alias Murga, supuesto cabecilla de la comisión armada del corregimiento de Llorente, asesinar a la lideresa Villarreal Herrera.
Igualmente, el material probatorio recaudado en el proceso permite inferir que Pai Castillo era, presuntamente, la encargada de vigilar la zona, dar órdenes a los sicarios, coordinar homicidios selectivos, realizar amenazas y cobros extorsivos o ‘vacunas’ a los pobladores de la región.
Por estos hechos, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Tumaco, la Fiscalía le imputó cargos a alias Chapi por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado, y fue afectada con medida de aseguramiento en la cárcel Buchely de ese municipio.
Estos resultados se encuentran enmarcados en la política institucional “En la calle y en los territorios”, para investigar de manera prioritaria las graves afectaciones a líderes sociales y defensores de derechos humanos.
