Alias ‘El Caco’: Presunto exintegrante de las AUC recibe sentencia de 37 años por secuestro y tortura

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Las bandas criminales están dedicadas a la captura de rentas ilegales, pero siguen afectando a la población civil que ha llevado encima el peso del conflicto armado. Recientemente, la expansión de los Urabeños ha afectado a comunidades en Chocó y el Urabá antioqueño. Foto: archivo Semana.

SUCRE, COLOMBIA, (27 AGO 2024) – Un juez de conocimiento ha condenado a 37 años de prisión a Enrique Antonio Díaz Julio, conocido como alias El Caco o El Grande, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, secuestro, acceso carnal y tortura. Los hechos ocurrieron en 2003 en el municipio de San Onofre, Sucre.

El fallo judicial se refiere a un incidente en el que El Caco sacó a una mujer por la fuerza de su vivienda en el barrio Palito y la trasladó a una finca que servía como centro de operaciones de una facción de las AUC. En ese lugar, la víctima fue retenida y sometida a tratos inhumanos, incluyendo agresiones sexuales. Las investigaciones revelaron que estos abusos fueron infligidos bajo la excusa de que la mujer había incumplido una orden de la organización criminal.

Además de la condena de prisión, el sentenciado deberá pagar una multa equivalente a 16.382 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) para el año 2003 y ha sido inhabilitado para ejercer derechos y funciones públicas por 20 años.

El juez que dictó la sentencia también ordenó la captura de El Caco para que cumpla su pena en el establecimiento de reclusión que determine el INPEC.

A.U.


La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.