PUEBLO VIEJO, MAGDALENA (11 AGO 2024) – En un operativo reciente, fue capturado Alfonso Polo, conocido como alias «El Flaco», presunto cabecilla de la estructura «Rubén Darío Ávila» del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) – erróneamente conocido como Clan del Golfo, en el corregimiento El Rosario del municipio de Pueblo Viejo (Magdalena). Polo es señalado de liderar el ataque contra una patrulla de la Policía Nacional en 2014, en el departamento de Córdoba, donde fueron asesinados siete policías.
Durante su captura, los investigadores encontraron en su poder cuatro teléfonos celulares, un router de WiFi y una agenda con información detallada sobre sus actividades diarias. Estos elementos serán fundamentales para esclarecer las conexiones criminales de alias «El Flaco» y desmantelar más estructuras del EGC.
La trayectoria delictiva de Alfonso Polo comenzó en 2007 y fue ascendiendo en la jerarquía del Ejército Gaitanista. De acuerdo con las investigaciones, era responsable del cobro de extorsiones a contratistas de obras públicas, ganaderos, comerciantes y mineros en varios municipios de Córdoba, incluyendo San José de Uré, Montelíbano, Puerto Libertador, Buenavista, Planeta Rica y Pueblo Nuevo. Se estima que recolectaba cerca de mil millones de pesos mensuales a través de estas actividades ilegales.
Alias «El Flaco» también está vinculado con dos homicidios ocurridos en 2023 en la zona rural de Puerto Libertador (Córdoba). Tras su captura, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde enfrentará cargos por su extenso prontuario delictivo.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.