ANTIOQUIA, COLOMBIA (16 AGO 2024) — Iván Antonio A. L., conocido como alias Hueso, ha sido condenado a 18 años de prisión por un juez de conocimiento, tras supuestamente ser hallado culpable de los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, ambos con circunstancias de agravación.
Los hechos que habrían llevado a la condena ocurrieron el 22 de diciembre de 2022 en la zona urbana de Zaragoza, Antioquia. Alias Hueso, junto con varios cómplices, parece haber retenido a un ciudadano extranjero de 28 años, a quien amarraron de pies y manos antes de llevarlo al río Tigüi, donde le dispararon y posteriormente arrojaron su cuerpo al agua. El cadáver de la víctima, en avanzado estado de descomposición, fue hallado seis días después en la jurisdicción del municipio de El Bagre.
Iván Antonio, de 22 años, al parecer, era integrante del grupo armado ilegal Ejército Gaitanista de Colombia, EGC. Fue capturado por servidores de la Sijín de la Policía Nacional el 19 de enero de 2023 en Zaragoza y desde entonces ha permanecido recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá. Además de esta condena, alias Hueso enfrenta otras medidas de aseguramiento por su presunta participación en dos homicidios y una tentativa de homicidio cometidos en El Bagre, Antioquia, el 3 de septiembre de 2022.
La sentencia fue el resultado de un preacuerdo que «Hueso» firmó con la Fiscalía, asesorado por su abogado, y que fue avalado por el juez penal del circuito. En relación con el mismo crimen, también se encuentra privado de la libertad Ismael Antonio V. V., alias Terry, quien es investigado como posible cómplice en el asesinato del ciudadano extranjero.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.