Había salido libre en 2019 por vencimiento de términos.
Auri Estela González Rubio fue asesinada alrededor de las 2:10 p.m. del 18 de noviembre de 2016. Tras salir de su lugar de trabajo y subir a su camioneta junto a su hija, fue emboscada en la Carrera 21 con Calle 15, donde un sicario disparó mortalmente contra ella. Los agresores, quienes se desplazaban en un taxi con placas UQR-660, interceptaron el vehículo de González Rubio, bloqueando su paso y facilitando el ataque que le costó la vida a la educadora. Tras el crimen, el taxi fue interceptado en el barrio Santa Ana a las 2:33 p.m., cuando intentaba salir hacia la Troncal del Caribe.
De acuerdo con la información de Santa Marta Al Día. Durante el operativo de captura, las autoridades encontraron en el vehículo un arma de fuego con silenciador, así como una bolsa blanca que contenía un suéter negro, presuntamente usado por el sicario. Las investigaciones apuntaron a Quintero Pita, alias Monín, quien conducía el taxi y fue identificado como quien obstruyó el paso de la víctima, lo cual facilitó el asesinato.
Un proceso judicial prolongado
Alias Monín fue capturado inicialmente en 2016, pero en agosto de 2019 fue liberado por un juzgado de Santa Marta bajo el argumento de “vencimiento de términos”, ya que no había sido llevado a juicio en los 300 días que establece la ley. No obstante, la Fiscalía General de la Nación revivió el caso y continuó investigando, logrando finalmente llevarlo a juicio y obtener una condena en su contra.
El fallo judicial ha sido recibido con alivio por la familia de Auri Estela González Rubio, quien era una figura reconocida en la comunidad por su liderazgo en el ámbito deportivo y educativo. Este caso ha puesto nuevamente en la mesa la importancia de los tiempos procesales en el sistema de justicia colombiano y la presión de los familiares de las víctimas para que se cumpla con las sentencias de manera eficaz.
A.U.
La información contenida en este artículo de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.